Las estadísticas facilitadas por la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Economía Innovación y Empleo apuntan que sólo en el año 2012 la administración ha dado orden de clausurar hasta seis talleres en Almería que no tenían licencia y que, por lo tanto, trabajaban de forma clandestina, con el riesgo que comporta.
Además de las inspecciones que a diario realizan los inspectores de la Junta de Andalucía, también los agentes del Seprona de la Guardia Civil se encargan de controlar y vigilar este tipo de irregularidades. De este modo, según datos del Diario de Almería, en lo que va de año han llegado a la Delegación un total de 21 denuncias de la Benemérita para que se inspeccionen diferentes talleres de la provincia en los que los agentes han encontrado ciertas irregularidades respecto a las licencias u otras cuestiones que pueden derivar en sanción o directamente en la paralización de la actividad. La rápida proliferación de los talleres clandestinos hace que sea casi imposible cuantificar de forma exacta el número de negocios ilegales que hay en Almería, por lo que los trabajadores del sector animan a los ciudadanos a denunciar ante la Guardia Civil o cualquier autoridad en caso de localizar alguna irregularidad significativa en talleres que hayan visitado. Con esta colaboración, están seguros de que los seis talleres que se han clausurado este año en la provincia se convertirán en muchos más, y la cifra de sanciones se acercará más a la realidad del sector, que está sufriendo una competencia desleal que acarrea un grave desprestigio. La cuantía de las sanciones que la Junta de Andalucía impone a los talleres que operan de forma ilegal, con irregularidades o sin cumplir estrictamente las obligaciones que contempla la Ley, van desde los 1.000 hasta los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la misma, así como de la reincidencia del titular del mismo. Durante las inspecciones, los agentes o personas autorizadas se encargan de comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad, así como de verificar si el tratamiento de los residuos tóxicos que generan cumplen con la normativa. Y es que el tratamiento incorrecto de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividades es un riesgo para el medio ambiente y para la seguridad de las personas, tal y como explicaron a este periódico los técnicos de la Delegación de Innovación, Economía y Empleo de la Junta de Andalucía.
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