José Magadán, presidente de la Asociación de Desguaces de Castilla y León (ACLCARD), reconoce a El Correo de Burgos que los centros de recuperación de vehículos sufren cada día un envejecimiento mayor de sus materias primas. En su opinión, la población no invierte y “sólo repara el coche cuando no le queda más remedio”, lo que deriva también en un encarecimiento de los productos y una disminución de la capacidad de oferta de piezas y recambios de segunda mano.

Según datos de Sigrauto, en Burgos se produjo el pasado año un pequeño aumento de 300 unidades con respecto a 2016, pero las cifras se mantienen lejos de los niveles de hace cinco años. La antigüedad media en toda España alcanza ya los 18 años. El sector considera, además, la existencia de una compraventa de vehículos “en condiciones bastante deplorables” y muy contaminantes por apenas 500 ó 1000 euros.

Otro de los problemas actuales que afectan a los desguaces es la venta de la documentación de los vehículos para fines ilícitos, según recoge la información de El Correo de Burgos. Las mafias internacionales, ya sea directamente o a través de terceros, adquieren dicha documentación a través de la compra de automóviles que deberían haber acabado en los desguaces. Pagan entre 10.000 y 12.000 euros y éstos se llevan a otros países. El desguace, por tanto, no logra recibir vehículos de menos de tres o cuatro años.

En España se permite, sin ningún tipo de filtro, poner en el mercado coches declarados siniestro total. Con ello se posibilita un fraude al consumidor ya que el vehículo se puede haber reparado de cualquier manera. Desde ACLCARD “se está trabajando para crear un registro público donde el comprador de un coche usado pueda saber si este proviene de algún accidente, quién lo ha reparado y de qué manera”, declara su presidente.

Pese a ello, la asociación reconoce que la nueva normativa “está consiguiendo poner las cosas en su sitio”, ya que al consumidor se le da una garantía de trazabilidad de las piezas que recibe del desguace. Para colocar un recambio de segunda mano, el propietario debe haberlo autorizado previamente y el centro debe garantizar la procedencia legítima de la pieza. El Real Decreto que entró en vigor en enero dice claramente que solo son legales las que cuentan con una factura expedida en un centro autorizado. “Esto nos permite librarnos de los talleres ilegales y beneficia a toda la sociedad, porque se pagan impuestos que revierten en todos”, indica José Magadán.

La nueva normativa también ha influido en los índices de recuperación del vehículo. Desde este año se obliga a todos los gestores de residuos a recuperar, como mínimo, el 5% del peso para poder mantener la licencia.