La prohibición a los vehículos diésel nuevos que incorpora el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobado por el Gobierno Balear, pero pendiente aún de tramitación parlamentaria, ha provocado la unidad empresarial de diferentes patronales, de Baleares y de ámbito nacional, que rechazan la norma y la critican denunciando que “restará competitividad a las empresas y tendrá efectos perjudiciales para el medio ambiente en las Islas y, al carecer de un plan integral de desarrollo del vehículo eléctrico, su aplicación será muy costosa en términos económicos para los ciudadanos de Baleares”.

La oposición a prohibir los vehículos diésel nuevos en Baleares que incluye el proyecto de ley llega de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresaria (CEOE), de la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (Aseda) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (Baleval), integradas en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), que también tachan la norma balear de “contraria a la política europea”, así como de “regresiva y discriminatoria”.

Las organizaciones empresariales expresan su “apoyo a las políticas que promueven la mejora de las condiciones medioambientales y el respaldo a los objetivos que persigue esta nueva norma”. Sin embargo, critican de forma conjunta que “prohibir los vehículos diésel nuevos, a la vez que se mantiene y se protege a los coches antiguos, provocará el progresivo envejecimiento del parque automovilístico, que es el responsable del 80% de las emisiones contaminantes y del empeoramiento de la calidad del aire en las Islas, considerada entre Excelente y Muy Buena, según los estudios realizados por la propia Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear”. Todo ello, concluyen “tendrá un efecto negativo frente al cambio climático que todos estamos de acuerdo en combatir”.

También reprochan que el proyecto de ley carezca de un plan integral de desarrollo para el vehículo eléctrico y no incluya incentivos y beneficios fiscales, por lo que su aplicación en los términos en que está redactado supondrá una pérdida de competitividad y un esfuerzo económico para los ciudadanos de Baleares que no tendrán que asumir los de otras comunidades lo que, sumado a los costes derivados de la insularidad, hará que aumente la desigualdad que padecen los residentes en las Islas.

“El problema no es el diésel, son los vehículos antiguos”

El principal foco de oposición al proyecto de ley es que incorpora “la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel nuevos, que salen de fábrica cumpliendo una restrictiva normativa europea e incorporan sistemas que los hacen menos contaminantes incluso que los de gasolina, mientras que sí podrán hacerlo los coches de mayor antigüedad sin límite de tiempo ni de emisiones”, destaca Carmen Planas.

La presidenta de CAEB, considera, que “este aspecto concreto del proyecto de ley es muy polémico y nos preocupa porque genera controversia social e incertidumbre, ya que será nocivo para el medio ambiente y gravoso para los ciudadanos de Baleares ante la falta de ayudas”. En términos similares se expresa ANFAC, cuyo vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, critica que “esta prohibición maximalista supone ignorar la realidad de los avances tecnológicos actuales en los motores diésel, mientras que los vehículos de más de 15 años emiten hasta un 84% más de NOx y un 90% más de partículas que los nuevos motores diésel, que sí que cumplen con la estricta normativa Euro6”.

“El problema no es el diésel, son los vehículos antiguos que circulan por las carreteras”, remarca Armero, que defiende las nuevas tecnologías diésel “por su eficiencia y bajas emisiones”, a la vez que recuerda que “ANFAC respalda al máximo el desarrollo de los vehículos eléctricos, pero entiende que estas tecnologías necesitan de un marco regulatorio específico, que incluya ayudas a la compra y medidas fiscales beneficiosas”.

“La prohibición es regresiva y discriminatoria y contraria a la política europea”

ANFAC considera, además, que “la prohibición es regresiva y discriminatoria y contraria a la política europea” porque elige una tecnología como “ganadora”, la gasolina frente al diésel, para el parque automovilístico de Baleares, sin tener en cuenta su grado de desarrollo tecnológico o las infraestructuras necesarias para que ésta se implante con éxito de manera rápida. “Cualquier política de movilidad debe girar en torno a aprovechar la mejor tecnología disponible para ese uso, manteniendo el criterio de neutralidad tecnológica”, remarca Armero.

“La constante innovación tecnológica ha ayudado progresivamente a disminuir los límites de NOx y de partículas de los motores diésel hasta asimilarlos a los de gasolina”, defiende la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, señalando que los nuevos filtros de partículas, los catalizadores, la mejora de la aerodinámica y los sistemas de propulsión, entre otros sistemas, están contribuyendo a conseguir cada vez mayores reducciones.

“Seríamos diferentes al resto de España y de Europa”

La Federación Balear FEBT también se opone a la medida y se hace eco de las críticas tanto de los concesionarios de vehículos de Baleares como de las principales empresas de alquiler de vehículos de las islas. Andreu Vidal, presidente de Aseda y vicepresidente de la Comisión de Industria y Transportes de CAEB, destaca la “preocupación empresarial por saber cómo se va a llevar a la práctica que los vehículos diésel nuevos no puedan circular por Baleares pero sí puedan hacerlo por el resto de España y por Europa, ya que la legislación reconoce la libre circulación por el territorio nacional y europeo. Además, la Constitución Española, en su artículo 14, garantiza que españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia”.

“Seríamos diferentes al resto de España y de Europa”, resalta Vidal, puesto que “todas las ciudades que han introducido restricciones en la circulación se basan en criterios de antigüedad del vehículo”, como es el caso de los planes de movilidad de Madrid, Barcelona, Múnich, París o Londres. “Aquí lo que se restringiría es una tecnología concreta, el diésel, sin tener en cuenta el nivel de emisiones de los vehículos”.

“No podemos aceptar ser los conejillos de indias de un experimento”

El proyecto de ley también incluye la obligación de que, a partir de 2020 el 2% de la flota de alquiler sea eléctrica para avanzar progresivamente hasta el año 2035 en el que el 100% de los vehículos de alquiler deben ser eléctricos. Antoni Masferrer, presidente de Balebal, mantiene que “no podemos aceptar ser los conejillos de indias de un experimento” y hace hincapié en que “ni hay mercado suficiente de vehículos eléctricos en este momento ni está garantizado que pueda haberlo con la progresión que exige el proyecto de ley”.

Masferrer cuestiona que “empezar con un 2% de flota de alquiler eléctrica en 2020 ya son muchos coches y el siguiente problema sería dónde cargarlos. Lo lógico sería crear primero la infraestructura de recarga y después obligar a tener coches. Hacerlo al revés, no tiene sentido porque generará problemas con los clientes por falta de puntos de recarga y, también, por los tiempos de recarga que ralentizarán durante horas la preparación del vehículo entre cliente y cliente y perderíamos competitividad”. “Lo mejor sería armonizar las políticas de transición al vehículo eléctrico a nivel nacional y, mejor aún, europeo”, añade.

Además, concluye el presidente de Balebal, “con los porcentajes que fija el proyecto de ley como obligado cumplimiento tendríamos que reducir el número de vehículos lo que implicaría reducir el número de turistas. Ocurriría lo que pasó en Menorca en 2008, que perdió turistas porque no había coches disponibles y eligieron otros destinos”.