En el conjunto de España, los que se convertirían en usuarios es un porcentaje muy parecido al de las dos grandes metrópolis, un 44%. Un dato a tener en cuenta en tanto el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que en breve entrará en fase de tramitación parlamentaria, obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023.

Sin embargo, la asociación de transporte público urbano y metropolitano Atuc hace hincapié en que estas restricciones al tráfico privado contaminante requerirán que las administraciones competentes potencien el servicio de transporte público urbano y metropolitano para absorber el aumento de usuarios por el trasvase desde el coche, garantizando una adecuada prestación de servicio, tanto en términos de tiempo como de comodidad.

En este sentido, la entidad calcula que el transporte público podría alcanzar en España los 7,5 millones de usuarios, frente a los 4,5 millones actuales. No obstante, reconoce que, para ello, habría que implementar mejoras en el sistema relacionadas sobre todo con la velocidad, entre las que destaca el aumento de la frecuencia de paso; de hecho, si ésta fuera mayor, el 27% de los que todavía no usan el transporte público empezarían a utilizarlo

Dos de las tres mejoras más decisivas tienen que ver con el tiempo, una obviedad si se tiene en cuenta que más de la mitad de los potenciales viajeros reside en Madrid y Barcelona

Atuc considera necesario reducir el número de coches en circulación para rebajar los niveles de contaminación. Y en ello tiene mucho que ver el tráfico rodado, que origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden a los coches. “Sin embargo, las medidas que se implanten para combatir este problema no deben ir sólo en la dirección de electrificar el parque de vehículos, puesto que se necesitarían tres décadas para ello, y además no acabaría con el problema de los atascos”, aseguran desde la asociación.

Por ello, esta transición requiere alternativas reales de movilidad y el desarrollo de iniciativas legislativas y planes que eleven la consideración del transporte público dentro del nuevo escenario de movilidad, en el que se convierte en la primera opción para desplazarse junto a otras soluciones complementarias como el carsharing, la bicicleta o el patinete, entre otras.