La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) vuelve a lanzar el proyecto “Emerge Ya”, que pretende paliar los “efectos devastadores” que provoca la economía sumergida en todos los estratos del mercado y combatir la ilegalidad, el intrusismo profesional, la competencia desleal, la indefensión del cliente ante la inexistencia de garantías y la ausencia de gravamen que inyecte fondos en la Administración para el beneficio de la sociedad. Esta iniciativa está subvencionada, en régimen de concurrencia competitiva, por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
Durante los próximos meses, cinco técnicos de “EmergeYa” acometerán las siguientes acciones: una jornada de divulgación y promoción abierta al público, en general, aunque orientada especialmente al sector de la automoción, entre otros; y una campaña de visitas y asesoramiento a negocios irregulares para que se comprometan a regularizarse, en cuyo caso el equipo técnico les gestionará los trámites que necesiten con un servicio integral y completo para así facilitar esa transición.
En los casos donde no quieran legalizar o regularizar su situación, se procederá a presentar en la Administración una solicitud de verificación de actividad no declarada, siempre después de que haya transcurrido un periodo prudencial y tras haber instado a la empresa a que opte por la legalidad. Al mismo tiempo, la web corporativa de Femete cuenta con un espacio para esa denuncia donde cualquier persona podrá presentar datos, de forma anónima, de supuestas actividades ilegales o irregulares que haya detectado.
Otros objetivos indirectos que persigue “EmergeYa” son contribuir al incremento del Producto Industrial Bruto (PIB), ya que los negocios clandestinos se traducen en el decremento del PIB industrial y en el mismo efecto sobre el PIB regional; reducir el intrusismo y la competencia desleal; fomentar la competitividad justa entre las empresas, redundando sobre el consumidor por la calidad y las garantías de los bienes y servicios adquiridos; profesionalizar el sector; incrementar la seguridad industrial, al permitir un mayor control en términos de respeto a la Ley de Riesgos Laborales y sobre la normativa en materia de medio ambiente, así como incrementar la recaudación para que las Administraciones la puedan revertir en la sociedad canaria.
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