Alcobendas es la ciudad que más adelantado lleva su protocolo, pendiente sólo de la publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Los tres restantes todavía se encuentran en fase de alegaciones. En el caso de Móstoles, Asetra ha presentado un escrito solicitando que se tengan en cuenta las necesidades de acceso a los talleres en determinados casos contemplados en su protocolo.

En general, los ayuntamientos parten de los distintos medioambientales de la DGT como referencia para determinar límites en el aparcamiento y, en algún caso, también en la circulación.

Desde Asetra recuerdan que el 23 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial autonómico el “Protocolo Marco de Actuación durante episodios de alta contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid" (Decreto 140/2017, de 21 de noviembre). Establece que los municipios con más de 75.000 habitantes deben elaborar su propio protocolo de actuación en el plazo de un año a partir de la publicación del texto de referencia. Así, además de a la capital y a los cuatro citados, el protocolo afecta a Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Coslada, Getafe, Leganés, Parla, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes.

La norma divide a la región en siete zonas y establece tres niveles de actuación: información y preaviso, aviso y alerta. El nivel de “Información y Preaviso” se produce cuando en dos estaciones de una misma zona registren más de 180 microgramos por metro cúbico de NO2 durante dos horas consecutivas. Se pasa al siguiente nivel “Aviso” cuando en dos estaciones de una misma zona registren más de 200 microgramos por metro cúbico de NO2. Se llega al nivel de “Alerta” cuando en una sola estación se registren más de 400 microgramos por metro cúbico de NO2 durante tres horas consecutivas.

La asociación madrileña estará pendiente de las actuaciones que vayan desarrollando los municipios con dicha obligación. Desde Asetra entienden que “el respeto al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos puede y debe ser compatible con la actividad económica de empresas que no sólo prestan servicios a esos mismos ciudadanos, sino que también contribuyen a una mejora de la sociedad con la generación de puestos de trabajo y de aportaciones económicas e impuestos derivados de su propia actividad”.