La Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) ha suavizado el impacto contable del decreto que endurece el Impuesto de Sociedades, aprobado el pasado diciembre. Según informa un artículo del periódico El País, el supervisor bursátil interpreta que las sociedades podrán contabilizar en el pasivo de su balance las pérdidas fiscales afloradas a raíz de los cambios tributarios conforme se vayan liquidando con la Agencia Tributaria durante los próximos cinco años y no de una sola vez.

El decreto introducía varios cambios en el Impuesto de Sociedades para obligar a las empresas a pagar más mediante tres vías: limita la aplicación de los créditos fiscales (las pérdidas fiscales registradas en años anteriores), endurece la reversión de las deducciones por pérdidas en filiales y restringe las exenciones sobre las plusvalías o dividendos de filiales extranjeras.

Empresas y patronales, que se quejan de que la nueva situación tributaria afecta a la seguridad jurídica, acudieron a la CNMV y al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para pedir aclaraciones sobre su tratamiento contable, sobre todo, la que obliga a las empresas a devolver todas las provisiones que se dedujeron por el deterioro de valores en cartera (las pérdidas de sus filiales) con independencia de que recuperasen una parte del valor o no. Deberán devolver todas estas deducciones al fisco en un plazo de cinco años a partir de 2016.

La CNMV y el ICAC han optado por la interpretación más suave para las empresas y han concluido que la norma fiscal y la contable deben ir de la mano. “La CNMV ha respaldado que el impacto contable de la reversión del deterioro de cartera debe seguir el mismo ritmo que la norma fiscal establece”. “Siempre que las participaciones sean transmisibles, las pérdidas por la devolución de las provisiones se podrán hacer en cinco años”, explican fuentes del sector citadas por El País.

En opinión de la CNMV, “en la medida que el importe mínimo por el que se debe efectuar la reversión anual no va a ser ya recuperable, ni siquiera en el momento de la transmisión de la participación en el capital, se debe considerar una diferencia permanente, y por ello, con carácter general el tratamiento contable que procede es el reconocimiento lineal a razón de un quinto anual del gasto del impuesto, con abono a un pasivo contra la Hacienda Pública acreedora”.