El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, descubrió el pasado año diez talleres ilegales en la provincia, de los cuales cuatro cesaron su actividad. Además, se logró detectar 201 infracciones administrativas, en las múltiples inspecciones realizadas.

 

La mayor parte de ellas se realizaron en el mes de octubre de 2014, en el que la Guardia Civil llevó a cabo un plan de intensificación en las inspecciones a talleres mecánicos, tras haber tenido conocimiento de la proliferación de establecimientos regentados por personas que aunque tenían conocimientos en la materia, carecían de cualquier titulación ni licencia de actividad.

De esta forma, en sólo un año se ha multiplicado por seis el número de sanciones, pues se ha pasado de las 34 sanciones del año 2013 a las 201 un ejercicio despuñes. Cabe señalar que del total, 21 infracciones fueron detectadas en la capital y las 180 restantes en otros puntos de la provincia.

En cuanto a las infracciones más habituales, suelen estar relacionadas con el vertido de residuos, con la falta de licencias de actividad o autorización de Industria, con el libro de registro, la seguridad industrial o la defensa del consumidor. En concreto, por vertidos de residuos se pusieron 105 sanciones y 35 por la carencia de licencia municipal y autorizaciones autonómicas.

Para la Guardia Civil, la existencia de talleres clandestinos o de actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y mantenimiento de vehículos incumpliendo la normativa reguladora supone un grave perjuicio para toda la sociedad, debido a que ponen en riesgo tanto la seguridad vial (al realizar reparaciones carentes de control de calidad y garantía) como la seguridad medioambiental (especialmente en lo referente al reciclaje de productos de desecho).

Del mismo modo, la actividad clandestina constituye "un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal y para el incumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la de los trabajadores, además de suponer una competencia desleal para las empresas que cumplen todos los requisitos legales vigentes".