La Asociación Andaluza Anfacar, integrada en la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), ha remitido un escrito a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, instándole a que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para dotar con más personal técnico a la empresa pública Veiasa, gestora de las estaciones de ITV en Andalucía, con la finalidad de contribuir a la reducción de los plazos de tramitación de las reformas de vehículos industriales y comerciales.

La labor de las empresas que integran este sector consiste en adaptar vehículos industriales y comerciales a un uso profesional, “que conllevan siempre la necesaria tramitación administrativa para que puedan circular en cumplimento un marco normativo cada vez complejo”, aseguran desde Anfacar.

Cuando estos trabajos se realizan sobre un vehículo matriculado, la correspondiente tramitación obliga a una inspección técnica del vehículo reformado y su documentación en una estación ITV. De acuerdo al marco normativo vigente (Real Decreto 866/2010), la mencionada tramitación ante ITV debe realizarse una vez que los trabajos sobre el vehículo están terminados, impidiendo, por tanto, que un vehículo ya reformado pueda circular hasta no tener cumplida dicha inspección. En consecuencia, la asociación señala que “las demoras en los plazos de trabajo de las estaciones ITV repercuten muy significativamente en la competitividad de estas empresas y en la de los propietarios de estos vehículos”.

Tal y como se alerta desde este sector, “la situación en Andalucía es preocupante y es un hecho que Veiasa carece del personal técnico necesario e imprescindible para llevar a cabo la revisión documental e inspección que requiere la mencionada tramitación técnica, dado el importante volumen de vehículos que se reforman en nuestra comunidad”.

Como consecuencia, se están produciendo, según la asociación andaluza, “importantes demoras para la tramitación de reformas de vehículos industriales y comerciales, situación que sitúa a las empresas de este sector en una clara desventaja competitiva ante el hecho de que en otras comunidades autónomas españolas los plazos de tramitación son significativamente menores”.

La agilización de estos trámites implicaría un aumento de la competitividad de las empresas andaluzas de este sector industrial, que en 2015 generó una facturación superior a los 50 millones de euros, empleando a más de 1.000 personas.