Los ministros franceses de Economía e Industria anunciaban, con fecha 9 de noviembre de 2016 que la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) había finalizado sus investigaciones relativas a los motores de Renault y transmitido vía verbal sus conclusiones al Tribunal de Nanterre. Este último ha enviado el expediente al Tribunal de París, que es la jurisdicción competente en materia de consumo.

El Grupo Renault toma nota, sin haber tenido aún confirmación oficial, de la apertura de investigaciones judiciales por “engaño en las calidades esenciales y los controles realizados, lo que ha llevado a que los productos sean peligrosos para la salud de los seres humanos o animales”.

Esta nueva etapa del procedimiento sugeriría que el Tribunal desea continuar las investigaciones. En este sentido, el Grupo Renault, que pretende proteger sus derechos, recuerda su "posición permanente" en un comunicado.

  1. Renault respeta la legislación francesa y europea.
  2. Los vehículos Renault han sido siempre homologados respetando las leyes y las reglamentaciones en vigor.
  3. Los vehículos Renault no están equipados con software fraudulento que afecte a los sistemas antipolución.
  4. Los Estados, la Comisión Europea, las autoridades responsables de la reglamentación y los fabricantes de automóviles comparten la opinión de que es necesario reforzar los requisitos de la normativa aplicable. Este es el objetivo del futuro Reglamento Euro 6b.

El Grupo Renault recuerda que, en marzo de 2016, presentó a la comisión técnica independiente un plan completo de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para sus vehículos diésel Euro 6b en uso del cliente, que ha sido considerado “transparente, satisfactorio y creíble”.