A la espera de que el texto aparezca en el BOE para conocer y analizar todos sus contenidos definitivos en profundidad, Conepa ha hecha una primera valoración del Real Decreto regulador de la actividad de las ITV, aprobado el pasado 20 de octubre por el Consejo de Ministros. Así, estima positivamente que se conserve el régimen de incompatibilidades, “lo que mantiene y refuerza la independencia de las empresas que prestan este importante servicio a la sociedad”, señalan desde la Federación Española.

“Desde que se conocieran los primeros textos de los anteproyectos de Real Decreto, en los que se abría la posibilidad de que otros operadores vinculados a la venta y posventa de vehículos pudieran realizar también la inspección oficial del estado de los automóviles durante su vida útil, nuestra federación se ha mostrado muy activa, ha mantenido un contacto estrecho con la Administración española y de la Unión Europea, y ha acudido en dos ocasiones a Consejo de Estado para incidir en ese aspecto”, aseguran sus responsables.

Respecto a este tema, Conepa ha basado siempre sus argumentacione en su propia experiencia histórica. “Cuando en la década de los 80 se pusieron en marcha las bases del actual sistema de controles periódicos, nuestro sector reivindicó su papel como ‘supervisor eficaz' de los vehículos, entendiendo que podría ser una buena fórmula que los propios talleres ‘certificaran' el buen estado de los coches de sus clientes. En aquel momento, se nos acusó de querer ser ‘juez y parte', y entendimos perfectamente el mensaje: había que garantizar la imparcialidad de los controles y no contaminarlos con otros posibles intereses”.

La práctica ha demostrado, según la entidad, “que los talleres han cumplido perfectamente con su función, preparando adecuadamente los vehículos para que circulen en buenas condiciones y siendo unos estupendos aliados de las ITV en ese mismo fin”. Desde Conepa consideran que, para los usuarios, es “una garantía de imparcialidad el que cada operador tenga su función, sin otro interés que acometerla con éxito: los talleres haciendo bien su trabajo en las reparaciones y mantenimiento de vehículos, y las ITV analizando el estado de los mismos y su idoneidad para circular por nuestras calles y carreteras”.

Desde el punto de vista empresarial, la federación destaca que el trabajo indirectamente generado por las inspecciones periódicas obligatorias representa para el conjunto de los talleres a nivel nacional en torno al 15% de su actividad, y en algunos casos, dependiendo de la especialidad del taller, puede superar el 25%, como producto tanto de las revisiones de control previas al paso de los automóviles por las ITV, como consecuencia de los fallos detectados en las mismas.

Conepa considera, asimismo, que unos mayores controles sobre los vehículos en materia de control de emisiones y los análisis de los equipos electrónicos, recogidos en la nueva normativa, son “positivos e indispensables para poder vigilar que los vehículos funcionen correctamente y sean seguros para sus ocupantes, otras personas que circulan en automóvil y los peatones, es decir, para el conjunto de la sociedad”.

Sin embargo, desde la entidad lamentan que “la Administración competente no haya tenido en cuenta la propuesta de Conepa, presentada por vez primera ante Industria en 2012, para que los coches con defectos graves o muy graves motivo de rechazo en las ITV, tengan que presentar en su posterior visita a la estación técnica una factura, certificado de taller o documento similar que asegure que los problemas detectados se han solventado en un taller que cumple con la normativa vigente”.

No obstante, Conepa explica en su comunicado que seguirá trabajando en este proyecto tanto a nivel de la Administración central como en comunidades autónomas. “Recordemos que, con el soporte de la federación, algunas entidades miembro han conseguido que en Baleares y Galicia se haya puesto en marcha esta medida con carácter de recomendación”.