Han pasado ya dos meses de la primera de las varias consultas sobre la aplicación del impuesto del gas fluorado 134a en 2017, planteadas en noviembre y diciembre por la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa) ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y la Secretaría de Estado de Hacienda (Ministerio de Hacienda y Función Pública). “Ambos organismos se han limitado a responder que han tomado nota de nuestra solicitud de respuesta y la valorarán conjuntamente”, explican desde Conepa.

La Ley 16/2013, que implantó determinadas medidas en materia de fiscalidad medio ambiental, creó en su artículo 5 el Impuesto de Gases Fluorados. En el punto 18 del artículo se establecía un régimen transitorio de los tipos impositivos (26 euros/kilo para el gas 134a) para los ejercicios 2014 (8,58 euros/Kg) y 2015 (17,16 euros/Kg).

Desde el 2016 el tipo impositivo debía comenzar a aplicarse en su totalidad (26 euros/kg) pero, debido a la falta de existencia de un gas sustitutivo con menor potencial de calentamiento, la autoridad competente decidió mantener el régimen transitorio y la misma cantidad correspondiente a 2015 durante el nuevo ejercicio. “Y, de momento, seguimos sin noticias sobre lo que va a ocurrir este año”, declaran desde Conepa.

Algunos proveedores de gas fluorado ya han informado a los talleres de que empezarán a repercutir la tasa completa, elevando el importe del impuesto de 17, 16 a 26 euros/kilo, lo que supondría, de acuerdo a la Federación, “un considerable incremento en el precio de las operaciones de recarga de gas”.