“Resulta vergonzoso, inquietante y lamentable que Canarias sea la cuarta autonomía española con una mayor tasa de trabajos en negro y que la ilegalidad se coma el 26,1% de la recaudación fiscal. Todo esto provoca devastadoras consecuencias para el conjunto de la ciudadanía, perjudica gravemente a la calidad de los servicios públicos, además de fomentar la inseguridad y precariedad laborales”. Así lo ha destacado el presidente de Femete, Alberto Villalobos, tras difundirse el estudio “Economía sumergida y fraude fiscal en España”, elaborado por Funcas.
Por todo ello, el presidente cree que “es clave aplicar ya el convenio firmado en 2014 entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias y activar cuanto antes ese grupo especializado que combata la economía sumergida y el empleo irregular que entonces acordaron. Se podría llamar ULEC: Unidad de Lucha contra la Empresa Clandestina”.
“¿A qué esperamos?”, se pregunta Villalobos. “Han pasado cuatro años desde que el BOE publicara ese convenio entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias y parece que no se ha hecho nada de nada. La economía sumergida se extiende como una pandemia, generando competencia desleal, desprotección social del empleado y evasión de cotizaciones sociales. Urge ponerlo en marcha, concretarlo, implantar de forma progresiva mecanismos de colaboración y cooperación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Comunidad Autónoma, las patronales y los sindicatos para diseñar técnicas y aplicar estrategias que acaben con tan peligroso y dañino mal que afecta tanto al tejido empresarial como a la sociedad, en general”, insiste el presidente.
“Reaccionemos. Adoptemos juntos, con carácter inmediato, esas medidas de vigilancia y control para conseguir los niveles correctos de competencia empresarial y de protección social del trabajador/a, contribuyendo así también a la recuperación económica en un marco de mutua colaboración y por el interés público. ¿Cómo? De entrada, creando cuanto antes esa Unidad de Lucha Contra la Empresa Clandestina (ULEC) a la que ciudadanía, patronales y sindicatos podamos acudir para denunciar conductas o situaciones irregulares o ilegales y que realmente actúe con agilidad y eficacia”, apunta el presidente de Femete.
Villalobos concreta que tal y como establecieron el Ministerio y el Gobierno de Canarias en el convenio suscrito en 2014, esa unidad estaría integrada, con carácter permanente, por funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, adscritos a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Canarias y por autoridades y altos funcionarios del Gobierno de Canarias representantes de la Dirección General de Trabajo y del Servicio Canario de Empleo. “A lo que añadiríamos, como propuesta, representantes de las principales patronales y sindicatos para facilitar el intercambio de información que permita o contribuya a detectar esas actividades económicas fraudulentas o no declaradas”, sentencia el responsable de Femete.
Por último, el presidente recuerda la plataforma www.yosoylegal.es, en formato web y “app” que puso en marcha esta patronal, en colaboración con Femepa “y con el firme apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife, además de otros ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, "con el objetivo de promocionar a los profesionales que cumplen con la legalidad, aportando calidad, garantía y seguridad en los servicios que ofrecen, frente a quienes operan de forma irregular y desleal con absoluta indefensión para el contribuyente; así como incentivar que el consumidor utilice los servicios de profesionales legales, mejorar la competitividad y, al mismo tiempo, concienciando a quienes ejerzan actividades en situación irregular o ilegal de que merece la pena que cumplan con la legalidad”.
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