La Federación Canaria de Talleres de Automóviles, Fecata, integrada por las asociaciones tinerfeña Asintra y grancanaria Atare, denuncia un inquietante aumento de los talleres ilegales de reparación de vehículos en el Archipiélago. Este colectivo asegura que "se ha recibido multitud de quejas en todas las Islas, por lo que reclamaremos a los ayuntamientos que realicen más inspecciones para comprobar si están cumpliendo con las normativas exigidas para desarrollar esa actividad y, si no lo hacen, que se les prohíba ejercerlas y les cierren las instalaciones".


Fecata comprende "la grave situación que vivimos y que afecta a un amplísimo sector de nuestra economía". Sin embargo, "al ejercerse la actividad ilegal de reparación de automóviles sin los debidos controles obligados por ley, se están cometiendo gravísimos delitos. Contra el medio ambiente, al no haber un control en el momento de gestionar los residuos peligrosos que se generan en una reparación. Contra la seguridad vial, al efectuarse reparaciones sin la maquinaria y el conocimiento necesario para evitar situaciones de alto riesgo que ponen en peligro vidas. Contra la Administración, al cometer fraude no pagando impuestos y como consecuencia de esto, una competencia desleal hacia los talleres legales, al no poder competir en precios. Contra los derechos de los consumidores, al no ofrecer garantía de las reparaciones. Y contra la responsabilidad civil, ya que en caso de siniestro no podrían responder porque ninguna empresa aseguradora se hará cargo de las consecuencias en el caso de un accidente"
De momento, Fecata anuncia que acaba de entregar una carta al alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez González, "ya que es una localidad donde hemos recibido un mayor número de quejas por parte de nuestros asociados. En ese escrito, solicitamos que se realicen inspecciones a los talleres ilegales del municipio y que prohíba y cierre aquellos que no cumplan con las normativas para, de esa forma, perseguir con eficacia el fraude y la competencia desleal, además de que esas actividades suponen un grave riesgo para el medio ambiente y la seguridad".