Según la Red Europea de Garantía de Vehículos (REGV) las ventas de coches usados entre particulares superan el 60% , de este dato se
deduce que la venta pirata de vehículos se ha disparado. Concretamente, desde REGV aseguran que en las calles de nuestras ciudades se ha detectado un sensible aumento de coches usados que se venden de forma fraudulenta. Ese incremento lo cifran en un 15%.

«Estos falsos comerciales han proliferado durante la crisis económica, generando un nicho de economía encubierta», apuntan. Para los autores del informe, estas personas compran varios coches a precios baratos, les dan un lavado de cara, se hacen pasar por particulares y obtienen un dinero extra con su venta a terceros, que en este caso sí son particulares. «Son vehículos que tienen el anuncio en las ventanillas y están situados en las calles de paso cercanas a polígonos industriales, a las afueras de las grandes ciudades o en los estacionamientos de los centros comerciales más transitados.

Juan Peña, presidente de la Asociación Malagueña de Automoción (AMA), dice que el problema no es el usuario que le vende el coche a un amigo o a su cuñado «porque lo normal es que no le engañe», sino aquellos que se dedican a comercializar varios vehículos «desde un mismo teléfono móvil, de forma totalmente fraudulenta y con menoscabo para los compradores, pues los coches que compran carecerán de la garantía respectiva».

Para el presidente de AMA este aspecto es importantísimo, ya que una venta pirata no ofrece ningún tipo de garantía y el vehículo puede estar en un estado pésimo, con las consecuencias que eso puede suponer en carretera. «El ciudadano pagará seguramente más en un concesionario que en la calle, pero esa diferencia supone un vehículo perfectamente revisado y con un año de garantía», abunda.

Peña también habla del fraude que supone para el resto de ciudadanos «por evitar el pago de impuestos al actuar de forma paralela a la actividad normal del resto». Por ello, desde AMA, concesionarios y compraventas de la provincia animan a las instituciones, sobre todo a los ayuntamientos, a que «persigan» a este tipo de personas que usan la vía pública como escaparates sin generar impuestos, además de encontrarse «en una clara situación de ilegalidad al no estar dados de alta en ninguna actividad».