La Agencia Estatal para la Seguridad Vial de Estados Unidos (NHTSA) lleva un tiempo alertando sobre el creciente número de airbags falsos que son instalados por talleres a los que los conductores acuden para sustituir este dispositivo de seguridad.

Ahora, en el país norteamericano ha surgido un polémico debate: ¿quién debe hacerse cargo de los costes de solucionar el problema? Hasta el momento han sido los propios conductores quienes han tenido que hacer frente al gasto que supone cambiar el airbag falso por uno legal: unos 100 dólares -77 euros- por la revisión y de 750 a 1.000 dólares -de 570 a 770 euros- por su sustitución.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles ha señalado que los propios talleres en los que se lleva a cabo la instalación de estos airbags fraudulentos son los verdaderos culpables y, por lo tanto, deben correr con los gastos.
En este sentido, California es uno de los pocos Estados que tiene una ley clara al respecto. Allí, aquellos talleres que instalen un airbag falso y luego se nieguen a poner su dinero para la sustitución de éste se enfrentan a una multa de 5.000 dólares -alrededor de 3.800 euros- y un año de prisión.
El principal riesgo de mantener instalado un airbag no homologado reside en la alta probabilidad de que éste explote una vez se haya accionado, causando graves daños en la cara y el pecho de los conductores. Por suerte, en Europa no se ha detectado aún la presencia de airbag falsos.