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Según la presentación revelada por el Ministerio de Industria en un webinar informativo, recogida por Faconauto en su web, se estima que la segunda edición del Programa Estratégico para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) cuente con un presupuesto total de 1.409,66 millones de euros. De esta cantidad, se reservarán 850 para la línea de baterías y 559,66 para proyectos individuales.
Para alcanzar esta cifra, el Ministerio espera que el Gobierno apruebe una modificación de los presupuestos estatales de 2023 para ampliar los fondos disponibles actualmente para el programa, que ascienden a 1.237,70 millones de euros. De esa cantidad, 837 corresponden al primer ámbito, el cual ya fue aprobado por Bruselas, y 400,70 al segundo.
Una vez se haya efectuado la inyección adicional, se dispondrán, respectivamente, de 550 y 344,24 millones de euros en subvenciones (a través del Mecanismo de Recuperación Europeo) para las inversiones relacionadas con las baterías y el sector de vehículos eléctricos y conectados. Además, se contarán con 300 y 215,24 millones en préstamos (imputados a los Presupuestos Generales del Estado).
Como resultado de esta distribución final, no se destinará la totalidad de los fondos restantes del Programa Estratégico para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado I, los cuales ascienden a 2.181,3 millones.
Según lo transmitido por los representantes de Industria en el webinar, se espera que la publicación de la orden de bases del nuevo programa, que incluirá la convocatoria de la línea de baterías en el Capítulo III, se realice a la mayor brevedad posible. El calendario establece que esto ocurra, a más tardar, el 1 de julio, aunque se está trabajando para adelantar esa fecha.
En cuanto a la convocatoria de la segunda línea, se ha mencionado que se lanzará “unas semanas después” una vez que la Comisión Europea apruebe el nuevo Reglamento de Exención por Categorías al que estará sujeta en sus condiciones. Según fuentes del sector, todavía faltan completar las traducciones de la normativa, lo que podría retrasar la aprobación de esta sección hasta septiembre.
En ambos casos, se aplicará el principio de concurrencia simple, a diferencia de la edición de 2022. Esto significa que las solicitudes se tramitarán en estricto orden de llegada y se evaluarán y resolverán de manera progresiva. Una vez que se publiquen las bases y la convocatoria de los acumuladores en el BOE, se abrirá un plazo de entre 10 y 15 días para que las empresas puedan presentar sus proyectos.
A partir de ese momento, se estima que tomará entre dos meses y medio y tres meses completar el proceso desde el registro de una iniciativa hasta su concesión. En cuanto al pago, a diferencia del primer plan, sólo se realizará un pago anticipado en lugar de dos.
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