La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos, Concesionarios y Afines de la Provincia de Toledo, integrada en Fedeto y presidida por María de los Ángeles Martínez Hurtado, estima en un 20% de los talleres operativos que trabajan sin las licencias pertinentes y, por tanto, en régimen de economía sumergida.

Desde 2016, la Asociación y Fedeto, en colaboración con las asociaciones de talleres y concesionarios de las otras provincias de Castilla-La Mancha, ha liderado una campaña contra esta situación de economía sumergida manteniendo reuniones con los candidatos del PP y del PSOE, trasladándoles las propuestas del sector, en este sentido: una mayor coordinación entre las distintas administraciones públicas para perseguir la actividad de los talleres ilegales.

También mantuvo encuentros con el director general de Industria, el viceconsejero de Medio Ambiente, el director general de Salud Pública y Consumo, la Consejera de Economía, Empresas y Empleo o la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya en 2017, la Asociación y Fedeto se han reunido con representantes de Consumo solicitando su colaboración en la lucha contra los talleres ilegales, así como con distintos ayuntamientos, entre otros los de Polán, Nambroca, Navahermosa y Torrijos, para coordinar actuaciones en la detección y denuncia de los talleres que actúan ilegalmente.

Este conjunto de reuniones han culminado con un encuentro con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, en la que participaron la presidenta de la asociación María de los Ángeles Martínez Hurtado; Marisa Nevado, coordinadora de la Asociación; y Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, para solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la Inspección de Trabajo y la Inspección de Hacienda, para acabar con esta lacra. Al margen de la legalidad vigente, podrían estar cometiendo infracciones administrativas e incluso delitos contra la hacienda Pública, los Derechos de los Trabajadores, contra la seguridad vial, de receptación (venta de piezas de coches robados) y estafa.

En este sentido, se solicitó la colaboración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, la coordinación de las distintas Administraciones Públicas competentes, a través de la Subdelegación del Gobierno y compartir la información de los resultados obtenidos. El subdelegado mostró todo su apoyo al sector y puso a disposición de esta campaña iniciada por la asociación los medios disponibles.

Cerrada toda esta ronda de reuniones, la asociación se ha comprometido a crear una vía de denuncia anónimas mediante llamada o e-mail y un buzón de denuncias, compartido y coordinado con la patronal nacional Cetraa. Todas estas denuncias, sin constar el nombre del denunciante, se trasladarán, a través de la asociación, a la autoridad administrativa o judicial competente.

De momento, la organización toledana anuncia que, a lo largo de 2016 y 2017, ya han sido denunciados 55 talleres ilegales, 20 de ellos en domicilios particulares, actuando en municipios como Los Yébenes, Nambroca, Villa de Don Fadrique, Marjaliza, Toledo, Polán, Ontígola, Yuncler, Yuncos, Talavera de la Reina y Madridejos.