Las ventas de turismos eléctricos subieron un 87% durante el pasado mes de julio y acumulan un aumento del 125% en lo que llevamos de ejercicio, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

Sin embargo, las matriculaciones de estos modelos apenas representan el 0,6% del mercado total, lejos todavía de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima-PNIEC que fija para el horizonte 2030 un total de 5 millones de eléctricos en circulación (15% del parque móvil).

Los datos de Aedive y Ganvam muestran que es el canal de empresa quien actúa como motor para introducir estos modelos en el parque. Así, el 65% de los eléctricos matriculados hasta julio se destinó a flotas, poniendo de manifiesto, según las asociaciones, que “el apoyo a la movilidad cero emisiones dentro de la cultura corporativa es una vía eficaz para acelerar su implantación”.

En este sentido, ambas entidades apuestan por medidas de corte fiscal que ayuden a las empresas a la electrificación de la flota, como puede ser la recuperación de las deducciones para las compañías que inviertan en vehículos verdes. Abogan también por que la deducción en el rendimiento en especie para vehículos de empresa eléctricos puros sea de al menos el 50%, así como por permitir que aquellos vehículos cuyo precio antes de IVA supere el techo establecido para las ayudas puedan computar con el máximo coste establecido.

Teniendo en cuenta que el canal particular apenas representa todavía tres de cada diez de las compras de eléctricos, se hace necesaria la puesta en marcha de medidas específicas como la eliminación o reducción del IVA para seguir rebajando la barrera del precio, o que no se consideren las ayudas a la compra como rendimientos del trabajo que haya que computar al año siguiente en la declaración de la renta.

A la vista de las cifras de matriculaciones de eléctricos, ambas asociaciones consideran que el Plan Moves no está funcionando como debería por lo que urge un replanteamiento. En concreto, consideran necesario un programa estatal con bases y convocatoria única en lugar de apostar por un funcionamiento territorial, así como una revisión de las exigencias de achatarramiento.

Según la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, “la obligación de achatarrar un vehículo de más de 10 años funciona muy bien con los motores de combustión tradicional, pero no cuando se aplica con los coches eléctricos porque las empresas, que son las que compran estos vehículos, no disponen de modelos para achatarrar. Esta exigencia es la que está provocando que las líneas para la adquisición de vehículos en la autonomías que las tienen en vigor se estén agotando lentamente, si lo comparamos con lo que sucedía con el Movalt, por ejemplo, que se agotó en 24 horas”.

Para el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, “para lograr los objetivos del PNIEC en descarbonización del transporte no podemos retrasar la puesta en marcha de una reforma fiscal verde bajo el criterio de quien contamina paga, junto con un plan de incentivos real, coherente, ambicioso, continuado y en el que todas las administraciones estén alineadas. Ello ha de hacerse como proyecto de nación ya que, además, las cuentas salen, pues con la estimación del Gobierno de 30 millones de vehículos eléctricos en 2030 en España, según un estudio del Bank of America Merryl Lynch, el Estado dejará de ingresar por impuestos 6.125 millones de euros, a razón de 1.225 euros por cada vehículo eléctrico matriculado, mientras que los costes sanitarios de los vehículos de combustión se cifran en 2.371euros/vehículo, según un informe de Bellona Europa, lo que supondría que en España dejaríamos de gastar por ese concepto 11.855 millones de euros en 2030, a lo que habría que sumar una reducción en la dependencia de importación de crudo de casi 5.000 millones de toneladas de combustible, con datos de 2018”.