La Comisión Europea ha enviado un pliego de cargos a cinco empresas en el que les acusa formalmente de participar en un cártel en el sector del reciclaje de baterías de coches en Alemania, Francia, Bélgica y Holanda entre 2009 y 2012.

Siguiendo su práctica habitual, el Ejecutivo comunitario ha eludido identificar a las compañías afectadas. De confirmarse sus sospechas, podrían enfrentarse a una sanción de hasta el 10% de su volumen de negocio.

 

Las empresas en cuestión se dedican al reciclaje de plomo y Bruselas sostiene que participaron en un acuerdo ilegal para la compra de baterías de plomo-ácido en chatarrerías, mediante la coordinación de sus prácticas tarifarias, con el único fin de conservar márgenes de beneficios más elevados.

Como consecuencia, las compañías acusadas redujeron los precios pagados a los chatarreros, que por lo general son pequeñas y medianas empresas. La investigación de la Comisión comenzó con inspecciones por sorpresa en septiembre de 2012.

Las empresas pueden ahora enviar sus alegaciones y pedir una audiencia con Bruselas antes de la decisión final.