ANFAC ha expresado su “incomprensión” hacia el hecho de que la Comunidad Autónoma de Baleares haya publicado unas bases para la aplicación del plan Moves II en su territorio diferentes de las que rigen en el resto de las regiones. “La convocatoria para acceder a las ayudas públicas para la compra de vehículos eléctricos se publica tarde, porque el plazo para lanzarlo acababa el 17 se septiembre, y con unas modificaciones que reducen su eficacia y crean confusión”, indican desde la patronal.

El plan en Islas Baleares recupera el requisito del achatarramiento para empresas y particulares, con la única excepción para estos últimos de que no tengan un coche en propiedad. Para ANFAC, “este requisito ya se ha mostrado manifiestamente ineficiente en la primera edición del Moves y, por ello, se flexibilizó en esta segunda. Así, impide de nuevo a las empresas acceder a las ayudas, dado que no tienen en propiedad vehículos de la antigüedad necesaria. Y todo sabiendo que son las compañías las que más vehículos de estos tipos adquieren para sus flotas, dificultando de nuevo el mercado de los vehículos cero emisiones en la región y discriminando a sus ciudadanos y empresas respecto de otras comunidades autónomas”.

Las exigencias impuestas para los particulares tienen una "consecuencia nefasta adicional" y es el hecho, según ANFAC, de que éstos han estado comprando estos vehículos desde que entró en vigor el plan el pasado 18 de junio con derecho a la subvención según las bases generales del Plan Moves II, a la espera de su activación en su Comunidad Autónoma. Estos particulares pueden ver ahora denegadas las ayudas por no cumplir unos requisitos de achatarramiento diferenciales de esta comunidad y discriminatorios respecto del resto. Este cambio sobrevenido genera confusión adicional e inseguridad jurídica, paralizando de nuevo el mercado de vehículos eléctricos en esta región".

Desde ANFAC, instan a su modificación y a su adecuación al Real Decreto 569/2020 de 16 de junio por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad sostenible (MOVES II)

Por su parte, Faconauto indica que la obligatoriedad de achatarrar un vehículo para acceder al plan o la necesidad de que el beneficiario no haya tenido previamente un vehículo a su nombre en los doce meses anteriores son requisitos “inexplicables” y que no han adoptado otras comunidades autónomas. De hecho, “excluyen a muchos futuros compradores de vehículos eléctricos y ponen en riesgo la correcta y completa ejecución de los fondos, que ya llegan con retraso, al no haberse implementado en el plazo estipulado”.

Faconauto lamenta que esta convocatoria del Moves II en Islas Baleares haga que sus ciudadanos, empresas y pymes queden en una situación de “desventaja” respecto a los de otras comunidades autónomas a la hora acceder a las ayudas. "La experiencia del anterior Moves I demostró que la obligación de achatarramiento provoca que muchos clientes no puedan acogerse al plan. Se trata de una cuestión que el sector trasladó al Gobierno central para esta segunda edición, y así cumplir el objetivo común de ejecución de los fondos, y renovar y descarbonizar el parque".

Para Faconauto, el Gobierno balear vuelve a poner en dificultades su mercado de automoción y la propia movilidad de sus ciudadanos, particularmente los de rentas más bajas

Ganvam ha calificado de “discriminatorias” las bases del Plan Moves II, ya que la obligatoriedad del achatarramiento para acceder a las ayudas sitúa a las empresas y particulares en “desventaja” respecto al resto de territorios españoles que han eliminado esta condición. La asociación recuerda que, con el objetivo de aumentar la eficiencia del Moves, el sector instó al Gobierno a eliminar la obligatoriedad del achatarramiento para evitar precisamente que las empresas, que concentran seis de cada diez matriculaciones de “cero emisiones”, quedasen fuera de las subvenciones, al no disponer de modelos para desguazar, informa Europa Press.

Para Ganvam, “el Moves 2020 de Baleares sitúa a las personas físicas que se hayan acogido al carácter retroactivo del programa en una situación de indefensión, ya que se pueden ver ahora denegadas las ayudas por no cumplir los nuevos requisitos”. La entidad insta al Gobierno regional a rectificar y a adaptar sus bases al Real Decreto estatal “para evitar la situación de desequilibrio que se crea con el resto de comunidades autónomas y el freno que supone para la incorporación de vehículos de cero emisiones”.