El presidente de Ganvam, Lorenzo Vidal de la Peña, ha lamentado que la reforma del Real Decreto para regular la ITV, aprobada el pasado 20 de octubre en Consejo de Ministros, no contemple una mayor liberalización del sector, eliminando las incompatibilidades para que concesionarios y talleres puedan pasar la inspección técnica del vehículo, tal y como apoyaba en su informe la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Para Vidal de la Peña, la entrada de nuevos operadores hubiera supuesto dotar al sistema actual de ITV de precios más competitivos y mayor eficacia, ya que actualmente un 20% de los vehículos que circulan por las vías públicas eluden esta obligación.

Los concesionarios y talleres llevan años manteniendo adecuadamente los vehículos, pues ya contaban con los equipos de diagnóstico para conectar con los ordenadores de a bordo de los vehículos, y controlaban el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad electrónicos y de control de emisiones, que ahora con el nuevo Real Decreto se exige a las ITV.

Todo ello sin olvidar, según la asociación, el buen papel que las estaciones de ITV desempeñan en pro de un parque circulante más seguro y respetuoso con el medio ambiente, como también lo hacen en esta cadena los concesionarios y talleres que llevan a cabo las operaciones pertinentes de mantenimiento.

De hecho, Ganvam destaca cómo la distribución de automóviles, regida por los altos estándares de calidad que los fabricantes exigen, va un paso por delante de la norma aprobada con la que aumenta la exhaustividad en el control de emisiones contaminantes y dispositivos electrónicos del vehículo.

Según su presidente, “concesionarios y talleres hace años que han realizado las inversiones necesarias en diagnosis y formación, asegurando experiencia demostrada en la prestación de este tipo de servicios de mantenimiento y control del vehículo y contribuyendo a aumentar la seguridad vial y la calidad del aire”.

Esta capacitación técnica es la que llevará a Ganvam en las próximas semanas a solicitar a las comunidades autónomas, que tienen transferida las competencias sobre el modelo de gestión de las ITV y las incompatibilidades del servicio, que se abran vías de colaboración para garantizar en sus territorios una mayor competencia y unidad de mercado.