La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) ha solicitado a las comunidades autónomas los protocolos de las campañas de inspección que tienen previsto realizar en los talleres, para favorecer su cumplimiento masivo.

Ganvam quiere que las consejerías competentes faciliten fecha aproximada y contenido de cada inspección, de manera que los talleres - advertidos previamente por la asociación - puedan ponerse al día con anterioridad a la visita y evitar así la sanción correspondiente.

En opinión de Ganvam, las comunidades autónomas tienen aquí la oportunidad de demostrar si realmente hay voluntad política para contribuir a mejorar el sector de la posventa o, por el contrario, las inspecciones aleatorias programadas por el Instituto Nacional de Consumo (INC) responden exclusivamente a un afán recaudatorio.

Para su presidente, Juan Antonio Sánchez Torres, "no estamos diciendo en ningún caso que no se apriete ni se controle a los talleres. Al contrario, lo que queremos es saber a ciencia cierta qué exigen esas inspecciones para que nuestros talleres puedan llevar a cabo una auto-inspección previa y cumplan escrupulosamente conforme a la ley".

La asociación argumenta que las más de 400 inspecciones programadas este año para verificar el cumplimiento de la normativa vigente parecían ir siempre dirigidas a los "mismos talleres", mientras los centros clandestinos campan a sus anchas sin ningún tipo de control, concentrando ya el 20% de las reparaciones.

Hasta la fecha, siete comunidades autónomas han respondido a la solicitud de la patronal, siendo mayoría las que se muestran dispuestas a colaborar para garantizar que el sector de la posventa cumple con todos los requisitos exigidos por Consumo. Concretamente, las comunidades de Galicia, Murcia y Navarra han facilitado ya los protocolos de Inspección de Talleres, mientras que Madrid ha solicitado un margen de tiempo más amplio para poder elaborar la información requerida.

Por el contrario, las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla León han preferido por el momento mantenerse al margen de esta solicitud cursada por Ganvam y no facilitar información alguna.

En una posición intermedia se sitúa la Comunidad Autónoma de Andalucía, que considera que debe ser el Instituto de Consumo quien proporcione directamente a Ganvam todas las exigencias administrativas.