La Federación Catalana de Talleres (Fecatra) ha interpuesto una demanda judicial contra la Agencia Catalana del Consumo (ACC) “por su nueva interpretación unilateral de la garantía en las reparaciones de vehículos, una medida que pone en riesgo la viabilidad del taller independiente y genera una desventaja normativa respecto al resto del país”, aseguran desde la entidad que representa a más de 5.500 talleres en toda Cataluña.
El informe, emitido por la Agencia Catalana del Consumo el 25 de marzo de 2024 e impugnado por Fecatra, interpreta que las reparaciones deben contar con una garantía de mínimo 6 meses que puede llegar hasta los 3 años, sin límite de kilometraje. “Esta interpretación, además de estar desvinculada de la realidad técnica y la naturaleza del propio vehículo, introduce una distorsión grave del mercado estatal, al contradecir la norma estatal aplicable (artículo 16 del Real Decreto 1457/1986), que establece una garantía de 3 meses o 2.000 km”, indican desde Fecatra, destacando también que “esto genera una discriminación competitiva para los talleres catalanes y un agravio económico que recae íntegramente sobre las pequeñas y medianas empresas del sector”.
En lo relativo a los recambios, el informe impone plazos de garantía de hasta 3 años, que los talleres y concesionarios deben asumir en solitario, sin corresponsabilidad alguna por parte de los fabricantes. Para la federación, “esto convierte al taller en el único responsable de la conformidad de componentes que no produce, no controla y sobre los que no tiene capacidad de configuración técnica”.
Obligaciones desproporcionadas
Por otro lado, en un contexto de digitalización creciente del automóvil (con vehículos conectados, software cerrado, validaciones remotas y acceso limitado a la información técnica), la interpretación de la ACC ignora las condiciones reales de la posventa y, en opinión de Fecatra, excede las competencias legales del organismo, al introducir obligaciones desproporcionadas sobre los talleres sin contar con el sector ni seguir el procedimiento legal correspondiente.
“Esta situación amenaza con destruir el equilibrio de la cadena de valor del automóvil y pone en peligro la continuidad de miles de pequeños talleres, imprescindibles para garantizar la libre competencia, la transparencia y la sostenibilidad del sector”, señalan desde la Federación Catalana de Talleres.
Procedimiento judicial
Ante esta grave situación, Fecatra ha iniciado un procedimiento judicial contencioso contra la ACC, así como una acción política para exigir la reforma del Real Decreto Legislativo 1/2007 y del Libro VI del Código Civil de Cataluña, de forma que se reconozca la responsabilidad solidaria del fabricante, el proveedor y el vendedor final (el taller) en caso de falta de conformidad, como ya ocurre en otros sectores como el de la edificación.
La falta de acceso real a la información técnica, tal como advierten sentencias recientes del TJUE, vulnera el Reglamento (UE) 2018/858, que exige igualdad de condiciones con los servicios autorizados del fabricante. Esta situación penaliza a los talleres independientes, que deben asumir responsabilidades sin contar con los medios adecuados.
Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha reconocido la responsabilidad del fabricante por falta de conformidad (caso 'Dieselgate'), mientras que la necesaria reforma legal sigue sin avanzar. Desde Fecatra se han preparado propuestas de enmienda y se ofrece colaboración a la Autoridad Catalana de la Competencia para aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa europea.
En palabras de Celso Besolí, presidente de Fecatra y del Gremi de Talleres (Cetraa Barcelona), “el actual marco normativo convierte al taller en rehén técnico y financiero del fabricante. Si no se corrige esta asimetría, la reparación independiente desaparecerá y, con ella, el derecho del consumidor a elegir libremente quién repara su vehículo. No pedimos privilegios, pedimos poder sobrevivir.” En su opinión, “si el verdadero objetivo es dejar la reparación exclusivamente en manos de los fabricantes, la ciudadanía debe ser plenamente consciente”.
La carta de Fecatra dirigida a Consumo y al Departamento de Empresa y Trabajo está disponible en este enlace.
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