El jefe del Área de Homologación y Reglamentación de Vehículos del Ministerio de Industria, José Manuel Prieto, ha señalado que están estudiando iniciar los trámites de modificación del Real Decreto que regula el sistema de ITV con el objetivo de eliminar las actuales incompatibilidades que impiden que los talleres y los concesionarios puedan realizar estas inspecciones.

"Durante la previsible modificación de este Real Decreto se escuchará a todas las partes en los correspondientes trámites de audiencia y se verá la opinión del sector, pero la idea ahora mismo es entender que con esta medida se podría incrementar la competencia sin perder la integridad y la capacidad técnica de nuestras estaciones", ha señalado Prieto durante la presentación del informe 'Contribución de la ITV a la Seguridad Vial 2012' llevado a cabo por la Universidad Carlos III.
La medida se tomaría a nivel estatal y luego sería cada Comunidad Autónoma, dentro del ámbito de sus competencias, la que decidiría cómo aplicar la normativa. Asimismo, ha indicado que si, como se planea, finalmente, se eliminan estas incompatibilidades a nivel estatal, existen otros mecanismos de control para evitar que la liberalización afecte a la Seguridad Vial.
Desde AECA-ITV, la patronal de los operadores de ITV en España, están esperando las medidas del Ejecutivo y han puntualizado que serán las comunidades autónomas las que tendrán que decidir si mantienen, amplían o reducen los permisos para decidir las empresas que pueden pasar las inspecciones.
En la actualidad en España hay varios sistemas de ITV, dado que son las Comunidades Autónomas las que las regulan. Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja están a favor de la liberalización y, por tanto, de la autorización a los talleres y concesionarios. Otras tres, Andalucía, Extremadura y Asturias optan por la gestión pública directa o tutelada a través de una empresa pública. Y por último hay otras diez en las que se opera a través de una concesión de 20 años.
Este es el caso de Cataluña, donde el pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nulo el concurso público de adjudicación de las ITV en esta comunidad. Con esta sentencia, los concesionarios se consideran legitimados para entrar en el negocio de las ITV, en contra de lo que defienden los operadores del sector. Sin embargo, AECA-ITV respalda el recurso ante el Tribunal Supremo (TC) y según la asociación "será el TC el que debe resolver sobre el concurso público de estaciones de ITV en Cataluña y la normativa autonómica cuestionada. La ITV es un servicio público de interés general en el que concurren razones como la seguridad vial y la protección del medio ambiente, que permitirían la justificación en la norma de restricciones o limitaciones al régimen especial de prestación".