El pasado viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El objetivo, según una nota divulgada tras el cónclave gubernamental, es "facilitar toda la actividad emprendedora y empresarial". Es decir, la futura Ley seguirá los preceptos ideológicos neoliberales que han presidido todas las iniciativas legislativas en materia económica del Gobierno de Mariano Rajoy, apoyando la actividad desde el lado de la oferta, no desde el de la demanda o el consumo. Se pretende, por tanto, apoyar al emprendedor y la actividad empresarial favoreciendo su desarrollo, crecimiento e internacionalización, además de fomentar la cultura emprendedora y lo que el legislador denomina "un entorno favorable a la actividad económica". Si bien esto último no se entiende sin medidas de fomento de la demanda y el crédito, como ya han destacado algunas voces críticas, incluso dentro de la propia patronal de los autónomos.

Con todo, el Anteproyecto plantea una reforma de gran calado que cuando finalice su trámite parlamentario ??"probablemente antes de las vacaciones de verano, si todo va bien??", implicará retoques y modificaciones normativas que afectarán a una mayoría de áreas ministeriales. Por ejemplo, en línea con la polémica reforma educativa, se prevé que los currículos de primaria y secundaria incorporen competencias en emprendimiento; se fomentará un mayor acercamiento de la universidad a la cultura emprendedora y se asegurará que los profesores cuentan con formación en la materia.

En el ámbito del Derecho Mercantil se crea la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL), mediante la cual los acreedores privados no podrán embargar la vivienda habitual del emprendedor ??"pero sí la Agencia Tributaria??" si su valor no supera los 300.000 euros. Esta medida, si bien eliminará parte del 'miedo' a emprender, podría suponer en la práctica un endurecimiento de las ya difíciles condiciones de acceso al crédito, lo cual vaciaría de contenido la iniciativa.

Por otro lado, para agilizar el inicio de la actividad de los emprendedores, se crearán los 'Puntos de Atención al Emprendedor', que serán ventanillas únicas a través de las que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial. Se trata, en la práctica, de poco más que un cambio de nombre de los PAIT (Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación) creados en 2003 por Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía en el primer Gobierno de Aznar. Su labor será asumida por el ya en funcionamiento Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria, que prestará la totalidad de los servicios previstos en la futura Ley.

En la misma línea, se agilizarán los trámites para el inicio de la actividad empresarial mediante el proyecto 'Emprende en 3', un sistema de tramitación telemática para la constitución y puesta en marcha de empresas que aprovecha la colaboración entre Administraciones, las nuevas tecnologías y la normativa de declaraciones responsables, que sustituye a las licencias previas por un régimen de control a posteriori.

El Anteproyecto prevé también un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas. El procedimiento permitirá sustanciar extrajudicialmente las deudas de los emprendedores y en plazos más breves que los del actual procedimiento concursal. Se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y esperas de hasta tres años, salvo en caso de créditos de Derecho Público, donde solo se permitirá el aplazamiento del pago. Tampoco podrá haber quitas ni verse afectados por acuerdo extrajudicial los préstamos que tengan una garantía real, como la hipotecaria, lo que una vez más abre la puerta a que las entidades crediticias puedan endurecer las condiciones de acceso al crédito.

IVA de caja
Otro de los aspectos más polémicos del Anteproyecto es precisamente su propuesta 'estrella', el denominado 'Régimen especial del criterio de caja del IVA', que exonera del pago de este impuesto hasta que se halla cobrado la factura, en lugar de cuando se emite, como ahora. Se trata de una reivindicación largamente reclamada por autónomos y pequeñas empresas para paliar una buena parte de sus problemas de liquidez. Lo anunciado el viernes es que, quienes se acojan a este régimen, no deberán superar los dos millones de euros en volumen de operaciones, no tendrán que ingresar un impuesto que no han cobrado, pero tampoco podrán deducírselo hasta que no lo hayan pagado.

Además, el Gobierno ha dejado para un reglamento posterior la regulación concreta del funcionamiento de este nuevo Régimen, en especial los mecanismos para evitar el fraude. Los expertos mencionan, en este sentido, que quienes se acojan al nuevo Régimen deberán probablemente hacer una nueva declaración trimestral con los denominados libros de registro de IVA ??"un listado completo de todas las facturas recibidas y emitidas??", lo que supondrá una considerable carga burocrática para emprendedores y pymes.

Otro asunto no aclarado es el plazo que se dará a las empresas para acogerse al nuevo Régimen, que podría no ser inferior a los dos años. Habrá que esperar, por tanto, hasta finales de año a que se publique el reglamento que permitirá saber si la reforma estrella del Gobierno será efectiva en esta legislatura o en la siguiente.

Incentivos a la inversión
El Anteproyecto prevé asimismo una batería de medidas para incentivar la inversión al margen de la capitalización vía crediticia:
• Deducción de hasta un 10% de los beneficios que se reinviertan para aquellas empresas con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros.
• Las deducciones por I D i podrán recuperarse mediante un sistema único en España sin ningún límite en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, siempre que se mantengan las actividades de I D y el empleo.
• Se modifica el régimen fiscal aplicable a las rentas procedentes de determinados activos intangibles.
• Nuevo incentivo fiscal en el IRPF para favorecer la captación de inversores de proximidad o 'business angel' o aportadores de 'capital semilla': deducción del 20% en la cuota estatal en el IRPF por la inversión de entrada en la sociedad con un límite de 20.000 euros anuales; y exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación.
• Se reducen las cuotas de la Seguridad Social a los emprendedores en situación de pluriactividad.

Reducción de cargas administrativas
Con carácter general y sin especificar ningún tipo concreto de medidas, el Anteproyecto afirma que "se revisará el clima de negocios a través de la mejora de la regulación de las actividades económicas". En la misma línea críptica, el comunicado del Gobierno señala que para reducir las cargas administrativas de los emprendedores, "las Administraciones Públicas deberán asegurarse de eliminar, al menos, una carga administrativa por cada una que introduzcan y siempre a coste equivalente".

De forma más concreta se detallan otras medidas encaminadas a disminuir la presión administrativa sobre las empresas de nueva creación y emprendedores:
• Reducción de cargas estadísticas: los empresarios no contestarán más de una encuesta para el INE durante el primer año de actividad.
• Se amplían los supuestos en que las Pymes podrán asumir directamente la prevención de riesgos laborales.
• Eliminación de la obligatoriedad de llevar un libro de visitas a disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Posibilidad de legalizar telemáticamente los libros obligatorios en el Registro Mercantil.
• Ampliación de la superficie máxima de los establecimientos exentos de licencia municipal, así como la lista de actividades exentas de licencia municipal.
• Elevación de los umbrales máximos para la formulación del balance abreviado.
• Eliminación de obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública.

Internacionalización de emprendedores
Por otro lado, el Anteproyecto replantea el apoyo institucional al fomento de la internacionalización, así como algunos de los principales instrumentos financieros, pero sin especificar una base presupuestaria a tal fin. Así, el texto señala la necesidad de que el Ministerio de Economía elabore un "Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española" y un "sistema de evaluación y control de los instrumentos que integran el Plan". En la misma línea de inconcreción se afirma la potenciación de "la actuación de la red exterior y territorial del Ministerio de Economía y Competitividad" y el fortalecimiento del "papel de ICEX como organismo de impulso de la internacionalización y competitividad de las empresas españolas".

Nada se dice en el Anteproyecto del fomento de la exportación de talentos, sobre todo entre los más jóvenes y preparados, que ya ha comenzado a producirse con notable intensidad, si bien en este capítulo de "talento e inversión" el Anteproyecto sí dibuja un panorama de actuaciones tendentes a facilitar permisos de residencia a extranjeros por razones de interés económico de:
• Inversores que realicen una inversión económica significativa, por ejemplo, por su impacto en la creación de puestos de trabajo o por su aportación a la innovación científica y/o tecnológica.
• Emprendedores respecto de una actividad de carácter innovador con especial interés económico.
• Profesionales altamente cualificados, como directivos, postgraduados de universidades y escuelas de negocio extranjeras de reconocido prestigio, profesionales que deseen realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación en entidades públicas o privadas.