El Decreto 2/1995 de 19 de enero, regulador de la actividad industrial y de prestación de servicios de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos madrileños, tiene sus días contados, ya que la Dirección General de Industria, Energía y Minas, organismo competente en la Comunidad de Madrid, ha redactado un proyecto de nuevo decreto que derogará el actualmente vigente en breve.

De momento, la propuesta se halla en trámite de audiencia pública. Durante los próximos quince días, las partes interesadas podrán hacer las observaciones o propuestas que les parezcan oportunas. Será el paso previo a la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Comunidad. Asetra no presentará alegaciones.

La Administración competente madrileña apoya su decisión en el cambio del panorama normativo en aspectos relacionados con industria, consumo, prestación de servicios y medio ambiente, y en la armonización de normas en el marco europeo.

Entiende que, optando por su propuesta, el sector quedará perfectamente regulado por la norma estatal, el Real Decreto 1457/86, la normativa general de consumo, representada por el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias.

Esto aportará una mayor claridad para el consumidor y las empresas respecto de sus derechos y obligaciones concretos, debido a que “el Decreto autonómico utiliza expresiones distintas y diferente grado de detalle para regular los mismos aspectos”.

Además, según indica la dirección general competente, se daría también una mayor uniformidad normativa. Este es un valor en alza desde la perspectiva de la unidad de mercado. “Más aún, la norma que la regula, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, recoge entre sus principios, eliminar toda norma que no resulte imprescindible”.

Asetra considera la propuesta de la Comunidad de Madrid razonable y en consonancia con el espíritu de unidad de mercado y de simplificación normativa que apoyamos como entidad representante de los empresarios.

“A estas alturas, el Decreto 2/1995 estaba en buena parte derogado por otras normas de ámbito nacional por lo que se planteaban de vez en cuando situaciones incómodas y difíciles de transmitir a los talleres”, apuntan desde la patronal.