Se ha celebrado en Valencia la octava edición del Congreso Nacional de Seguridad Vial, con el lema “Una red viaria adaptada a un nuevo modelo de movilidad segura”. Organizado por la Asociación Española de la Carretera, ha reunido a cerca de 300 expertos de toda España en materia de seguridad de la circulación, con un perfil multidisciplinar que abarca desde Ingenieros especialistas en proyecto, construcción, conservación y explotación de infraestructuras, pasando por sociólogos, abogados, expertos en tráfico y nuevas tecnologías aplicadas al transporte, logística, formación de conductores… tanto del ámbito público como del sector privado y la sociedad civil.

Han sido promotores de este VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia.

El VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial ha reunido a una nutrida representación de especialistas en materia de infraestructuras con el objetivo de ofrecer soluciones e intercambiar experiencias y buenas prácticas que ayuden a seguir reduciendo los accidentes de circulación y que atenúen sus consecuencias con actuaciones en la propia carretera.

Mejorar la coordinación entre las administraciones, ofrecer información de calidad a los usuarios y, sobre todo, incrementar la inversión en mantenimiento son axiomas que ninguna administración responsable de gestionar las redes viarias debería pasar por alto.

Tanto es así que algunos de los participantes en el Congreso han denunciado cómo el déficit de inversión asociado a la mejora de las infraestructuras está contribuyendo a incrementar los accidentes.

Pero hubo otras reivindicaciones durante el debate, tales como que las auditorías e inspecciones de seguridad vial que se realizan en las carreteras no pueden ser un “mero trámite”, sino que deben servir para priorizar las actuaciones; que en las travesías -zonas de especial peligrosidad- conviene segregar espacios y eliminar espacios de coexistencia de tráficos distintos; o que es preciso huir de soluciones globales para implementar otras “a medida” de cada problema concreto.

Se reclamó, asimismo, la conveniencia de que las actuaciones orientadas a mejorar la seguridad vial sean consideradas como actuaciones urgentes o de emergencia, respondiendo, por tanto, a los protocolos de adjudicación y ejecución asociados a medidas de este tipo.

El concepto “Visión Cero” ha estado en boca de muchos de los expertos que han compartido sus puntos de vista estos días en Valencia. Que no se registre ni un solo fallecido ni herido grave en carretera se ha convertido en la aspiración de administraciones públicas, sector privado y sociedad civil.

Las 15 medidas que el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó a comienzos de 2017 para reducir la accidentalidad y a las que la Dirección General de Tráfico ha dotado de carácter de urgencia; el Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana, recientemente aprobado; las actuaciones para la mejora de la seguridad de los usuarios vulnerables que ha impulsado el Servei Català del Trànsit; la gestión integral de la seguridad vial puesta en marcha por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana; el nuevo marco conceptual de la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat de Cataluña, con soluciones innovadoras como las secciones de carreteras 2 1; o el Plan Director de Seguridad Vial que el Ayuntamiento de Valencia está desarrollando son ejemplos del compromiso de las administraciones públicas en el marco de la “Visión Cero” expuestos durante los dos últimos días en el Congreso Nacional de Seguridad Vial.