El consorcio automovilístico estadounidense General Motors ha suspendido sus operaciones en Venezuela después de que la factoría que mantiene en el país fuera confiscada por parte de las autoridades. "La planta de GMV (General Motors Venezolana) fue inesperadamente confiscada por parte de las autoridades públicas, impidiendo las operaciones normales", aseguró la compañía automovilística en un comunicado.
Un embargo judicial ordenado por una corte del estado Zulia en el occidente de Venezuela paralizó totalmente las operaciones de General Motors Venezolana (GMV), la mayor ensambladora automotriz de la conflictiva nación suramericana, según indica una información del diario El Carabobeño de la ciudad de Valencia en el estado Carabobo, donde se encuentran las oficinas y la principal planta de ensamblaje de GMV. "La planta de GMV (General Motors Venezolana) fue inesperadamente confiscada por parte de las autoridades públicas, impidiendo las operaciones normales", aseguró la compañía automovilística en un comunicado. Igualmente, señaló que el Gobierno del país también ha entrado en otros centros de la corporación y se ha incautado de otros activos de la firma, entre los que se encuentran vehículos que han sido "retirados ilegalmente de sus instalaciones".
La medida fue tomada en el marco de una demanda iniciada en contra de GMV hace 17 años por un concesionario de la marca Chevrolet en la ciudad de Maracaibo, ubicada también en Zulia. La filial venezolana de General Motors había rescindido el contrato de concesión al demandante por “ineficiente desempeño”, según un comunicado de GMV.
El monto de la demanda asciende a la cantidad de 476.000 millones de bolívares, el equivalente de 4.400 millones de euros y de 97 millones de euros de acuerdo a la cotización del mercado paralelo. GMV dice que esta suma “excede toda lógica e inviabilizaría las actividades de GMV en forma permanente”.
GMV había paralizado sus actividades de ensamblaje en el cuarto trimestre de 2015 por no poder obtener divisas para la adquisición de insumos ni poder repatriar sus ganancias por varios años. La compañía había rechazado la adopción de un sistema que les permitiera vender vehículos con pagos mixtos en dólares estadounidenses y moneda local, seguido sin buenos resultados por Ford y Toyota.
Aún así, había logrado en febrero pasado un acuerdo con el sindicato local de trabajadores, a través del cual reincorporó 118 empleados a su nomina permanente. El comunicado de GMV indica que “tiene la firme convicción de que el embargo es improcedente, absurdo, fuera de la lógica jurídica y del debido proceso”.
Igualmente, la empresa advierte a sus empleados que las instalaciones han sido tomadas por las autoridades por lo que deberán abstenerse de “asistir a la planta y a sus puestos de trabajo hasta tanto las medidas judiciales reviertan la situación”. La empresa tiene alrededor de 2.700 trabajadores en Venezuela, donde ha sido líder del mercado durante más de 35 años.
GMV también expuso la posibilidad de que sus cuentas bancarias sean bloqueadas “en cuyo caso ningún pago, incluyendo salarios, podrá ser realizado en el corto plazo”. La compañía automovilística estadounidense confirmó que, a pesar de esta decisión, continuará ofreciendo servicio de posventa y de piezas de recambio a sus clientes a través de sus representantes en el mercado venezolano.
General Motors inició en 1948 su actividad en el país con una factoría a las afueras de Caracas en la que fabricó un modelo pick-up de Chevrolet, lo que convirtió a la empresa en "pionera" en el sector del automóvil en Venezuela.
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