A continuación les adjuntamos la carta, textual e íntegra, enviada por los trabajadores del sector automoción al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

"Los trabajadores de las empresas ensambladoras de vehículos, fábricas de autopartes y actividades conexas a la industria automotriz, escribimos este comunicado en medio de la angustia y la incertidumbre que corroe a las empresas en donde laboramos.

En el año 2013, año de la dolorosa despedida física a Hugo Chávez Frías, nuestro comandante eterno, año de la más cruel ofensiva patronal y contrarrevolucionaria expresada en la guerra económica y reflejada en el desabastecimiento y la especulación de los principales productos de la cesta básica, bienes y servicios, los trabajadores automotrices también sufrimos los embates de esta guerra en contra del pueblo y de la Revolución Bolivariana.

La industria automotriz está paralizada: las setenta y un mil setecientas cincuenta y tres (71.753) unidades fabricadas por las siete (7) ensambladoras de capital privado reflejan el segundo peor año de la industria automotriz en Venezuela, sólo superado por las cuarenta y nueve mil quinientos ochenta (49.580) unidades producidas en el año 2003, resultado de un golpe de estado y un paro patronal orquestado por la oposición, el capital y el imperio norteamericano y español, entre otros enemigos de la patria de Bolívar y Chávez. En el año 2013 todas las ensambladoras laboraron a menos de un cincuenta por ciento (50%) de su capacidad instalada.

Los trabajadores no somos responsables de los altos precios de los vehículos: a las organizaciones sindicales, las mismas que han sido satanizadas y catalogadas como "mafias", nos ha costado mucho superar el cerco para poder llegar a ser escuchados por el presidente Maduro y los ministros de Industria, Comercio y Trabajo. Se ha escuchado a los empresarios de las ensambladoras y de los concesionarios.

Ahora hay la matriz de opinión de que somos los trabajadores los responsables de los altos precios de los vehículos, porque con las compra de vehículos de los trabajadores acumulamos unidades para luego revenderlas en altos precios. Esta falsa premisa nos ha costado en muchos casos la condena pública, el escarnio y la persecución de la delincuencia a nosotros y a nuestros familiares.

Las asignaciones de vehículos es una conquista contractual: los trabajadores y trabajadoras automotrices no tenemos nada de qué avergonzarnos por obtener un beneficio contractual producto de una conquista histórica, que nos ha servido para obtener una mejor calidad de vida.

Eso es una contraprestación al trabajo, al esfuerzo y a la exposición a condiciones que en muchos casos ha enfermado a más del sesenta por ciento (60%) de nuestra mano de obra. Eso es una mínima cuota de la plusvalía, que sólo así la hemos podido extraer, de la que nos expropia durante por un año la patronal.

Invitamos al gobierno, a las instituciones, incluso al pueblo, a que se acerquen y revisen el pago de las cantidades de operaciones quirúrgicas, tratamientos clínicos en casos de accidentes cerebro vasculares, tratamientos de cáncer y otras enfermedades; prótesis, así como el aporte de las actividades sociales, culturales, deportivas y ayudas a comunidades e instituciones oficiales y demás que nos hemos permitido resolver con el dinero que se obtiene de las ventas de asignaciones de vehículos a las organizaciones sindicales.

Pero más allá de esta situación reiteramos nuestra principal preocupación: la gran mayoría de las ensambladoras al día de hoy se encuentran paralizadas. La respuesta patronal es que el gobierno les adeuda en la asignación de divisas para la compra del material importado para ensamblar vehículos MEIV. Esta situación parece no mejorar en los meses inmediatos y esta grave situación ocurre en las empresas de autopartes, fábricas de neumáticos y las consecuencias llegan hasta los trabajadores de los concesionarios.

El mes de septiembre pasado vimos con esperanza que la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados, que sancionó la Asamblea Nacional, no fuera promulgada por el ejecutivo. Pensábamos que la aplicación, tal y como estaba escrita, traería consecuencias nefastas para los miles de trabajadores y trabajadoras de la industria automotriz. Esperábamos que el tiempo que se dio significaría el inicio de discusiones con los trabajadores y sus organizaciones, puesto que públicamente expresamos propuestas para reimpulsar el sector.

También las medidas ejecutadas por el presidente Nicolás Maduro en diciembre pasado en las intervenciones para combatir la guerra económica y las fiscalizaciones a empresas y comercios nos llenó de entusiasmo. Seguimos creyendo que fomentando la participación de los trabajadores y el pueblo en estos operativos, debe seguir siendo la vía para la justicia social y el combate contra el capital parasitario, especulador y apátrida.

Sin embargo, el decreto presidencial 625, publicado en Gaceta Oficial número 6.117 del dos (02) de diciembre de dos mil trece (2013) ha sido interpretado por la patronal de manera tal que se incumple con beneficios contractuales como la venta de vehículos a trabajadores, rifas de vehículos a trabajadores, entrega de vehículos para diligencias sindicales y planes de pensiones para ex trabajadores de la tercera edad.

Nuevamente manifestamos nuestro más profundo rechazo a la elaboración de leyes y decretos que, al no ser consultados con la clase trabajadora del sector, se elaboran sin medir las consecuencias por la afectación a derechos adquiridos por años en las Convenciones Colectivas. Esto entra en contradicción con el estado de derecho y de justicia social y viola los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y convenios con la Organización Internacional del Trabajo OIT.

La política de "muerto el perro, se acabó la rabia" con la que se ha dado tratamiento a la posibilidad que un trabajador automotriz no puede obtener el beneficio contractual de un producto que manufactura y éstos se resignarán a perder sus derechos, es equivocada. Los trabajadores defenderemos nuestras conquistas contractuales luchando. Las leyes y decretos que debe desarrollar el gobierno en los sectores productivos, tienen que ser elaboradas con mecanismos de diálogo y participación de los trabajadores y trabajadoras. Sólo así se puede combatir exitosamente las desviaciones existentes en la comercialización de los productos y bienes que produzca cada sector en Venezuela.

La clase obrera en un gobierno obrerista merece como mínimo los mismos espacios que se le han concedido a la oposición, a los empresarios y a algunos artistas que nunca aportaron nada a favor de la Revolución. Pero, ahora pareciera más bien, que nos repudian y que no quisieran que existiéramos los revolucionarios. Una muestra de ello ocurrió recientemente cuando los trabajadores de Toyota fueron reprimidos tan sólo por hacer un acto de protesta que ni paralizaba la producción ni interrumpió la libre circulación.

También rechazamos, y de manera muy categórica, que en el mismo decreto 625 se permita la libre importación de vehículos. La apertura de más de cincuenta y siete mil (57.000) solicitudes de importación de vehículos significan casi el ochenta por ciento (80%) de lo que se produjo en el año dos mil trece (2013). Esto es más bien promoción a la fuga de divisas y entra en contradicción con la "Venezuela Productiva" y hasta da para creer que se impulsa desde intereses ajenos al desarrollo industrial de la patria. Ponemos como ejemplo a la empresa Civetchi, cuyas ventas totales fueron (8.831 unidades) y sólo el tres por ciento (3%) se produjo en la planta de Valencia, el resto fue importación. No está de más recordar que éstas las produjeron con condiciones de trabajo precarias y en arremetida en contra de sus trabajadores.

Ya los empresarios automotrices están planteando paradas de planta, adelanto de vacaciones, reducciones de personal y de salario. Se está utilizando la situación de la industria también para negarse a continuar discutiendo contratos colectivos o en el mejor de los casos se está obligando a negociar con chantajes patronales y la participación complaciente de las Inspectorías del Trabajo, con las mínimas y justas aspiraciones de los trabajadores, trabajadoras y sus sindicatos. Creemos que de seguir así nos espera un panorama poco alentador y de decisiones que golpearán el sustento de miles de hogares venezolanos.

Los trabajadores automotrices, autopartistas y actividades conexas al ensamblaje y comercialización de vehículos en Venezuela queremos que usted, estimado compañero, presidente obrero Nicolás Maduro, junto con los ministros de Trabajo, de Industrias y de Comercio, nos escuchen y antes de que se continúen ejecutando políticas que pueden dejar sin empleo a más de ochenta mil venezolanos, se inicie una etapa de diálogo en reconocimiento a la importancia que tiene para el proceso revolucionario el papel de los trabajadores, el empleo y el desarrollo de una Venezuela productiva en socialismo".

En espera de que nuestro compañero presidente Nicolás Maduro nos atienda, se despiden:

La Federación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras Automotrices, Autopartes y Conexos (FUTAAC), agrupada por los sindicatos de las ensambladoras de vehículos: Chrysler, Encava, Ford, General Motors, MMC, Iveco y Toyota.

Sindicatos de las empresas de autopartes: Afinia Filtros Wix, Dana Ejes y Cardanes, Ocimetalmecánica, Gabriel, Manufacturas Enveta, Metalpartes Esposito, Goodyear, Bridgestone Firestone, Pirelli y Veyance Technologies.

Sindicatos de empresas de actividades conexas a la industria automotriz: Clover, Aerocav y Superautos Carabobo.