El 56% de las empresas ha sufrido impagos significativo en los últimos doce meses. El dato, que supone un empeoramiento interanual de siete puntos frente al 49% registrado en otoño de 2011, confirma el incremento de los niveles de morosidad e impago. Esta es una de las principales conclusiones del 4º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform que será presentado la próxima semana en el marco de la Cátedra de Cash Management impulsada por el IE Business School.
¿Hasta qué punto estos impagados hacen peligrar la supervivencia empresarial? Alrededor del 36% del tejido empresarial mantiene su impacto en niveles saludables, por debajo del 1% de su cifra de ventas. En el otro extremo, una de cada diez empresas del tejido empresarial soporta unos niveles de impago en sus operaciones entre empresas que ponen en riesgo su actividad, al superar el 10% de la facturación. ¿Cuál es la causa de que los clientes no puedan pagar? El 84% de las empresas cita la falta de disponibilidad de fondos por parte del cliente. El segundo motivo más mencionado, las incidencias en el sistema bancario apenas es mencionado por el 21% de las empresas. La complejidad en el procedimiento cae hasta el 10%. Los motivos relacionados con errores en la facturación, los envíos o la calidad tienen una presencia testimonial. En el caso de las operaciones con las diferentes Administraciones Públicas la incidencia de los niveles de impago es mucho más acusada: el 19% de los proveedores de las diferentes Administraciones Públicas se encuentra en zona de máximo riesgo, al soportar niveles de impago por encima del 10% respecto al volumen de sus operaciones. Se observa, sin embargo, una ligera mejoría de tres puntos respecto a la oleada anterior, realizada en los momentos previos a la entrada en vigor del Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, ya agotado. El uso del crédito comercial entre empresas es prácticamente universal: el 98% de las empresas encuestadas vende a crédito sus productos o servicios a otras empresas privadas o autónomos. Las relaciones comerciales con las Administraciones Públicas están mucho menos generalizadas. Sólo el 39% de las empresas encuestadas realiza algún tipo de venta al sector público, cuatro puntos menos que en la anterior oleada.
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