El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 15 de octubre de 2015, declaraba expresamente la exclusión de la aplicación de la Directiva de Servicios a la actividad de inspección técnica de vehículos por tratarse de "servicios en el ámbito del transporte", así como la no sujeción a las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios.

 

Con esta sentencia, el TJUE deja claro que la legislación comunitaria no establece preferencia y aún menos imposición, del modelo de autorización administrativa como sistema de gestión para la prestación de este servicio público, tratándose esto último de una cuestión competencial de los Estados miembros (y en el caso de España, sus Comunidades Autónomas) sujeta al libre criterio de la Administración competente.

En relación con el establecimiento de requisitos como distancias mínimas entre centros de ITV, cuotas de mercado, etc., establecidos en la normativa catalana en el régimen de autorización administrativa, el TJUE considera que debe ser nuestro Tribunal Supremo quien dictamine si están justificados por razones de seguridad vial y protección de los consumidores y usuarios, por tratarse estas últimas de razones imperiosas de interés general que pueden justificar restricciones a la libertad de establecimiento.

En consecuencia, debe entenderse que cualquier condición/requisito impuesto por los Estados de la Unión (y, en nuestro caso, también por las Comunidades Autónomas competentes) en interés de la seguridad vial o de la protección de los consumidores o usuarios (por ejemplo, régimen de incompatibilidades, independencia, planificación, etc.) tendría pleno acomodo legal de acuerdo al derecho comunitario.