“Con independencia de otras consideraciones, lo único que existe hasta la fecha es un Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se trata de un documento sujeto a debate parlamentario -confiamos en que el debate se abra también a la sociedad en su conjunto-, que, posteriormente, se podrá o no convertir en Proyecto de Ley y, en su caso, en Ley, con las aportaciones y modificaciones que sean introducidas por los diferentes grupos parlamentarios”, aseguran desde Aega.

La asociación cree, además, que “conviene introducir en el planteamiento efectuado por el Gobierno un cierto grado de moderación”. “El futuro previsto por el Gobierno plantea un escenario basado en posiciones maximalistas que pasan del todo a la nada en la denominada 'transición energética' al indicar que sólo podrán matricularse y circular vehículos únicamente eléctricos. Ni por tecnología, ni por infraestructura, ni por economía y rentabilidad, ni por la recaudación impositiva necesaria para el Estado y las Comunidades Autónomas (que sólo por el Impuesto sobre Hidrocarburos suponen 400 millones de euros en Guipúzcoa y cerca de 18.000 millones en el Estado) parece realista el escenario propuesto; ni en nuestro país, ni, probablemente, en otros”.

Para Aega “es prácticamente imposible prever lo que pueda ocurrir en los próximos 20 ó 30 años” por el gran número de interrogantes sobre la evolución del avance tecnológico, los tiempos y diferentes tecnologías de recarga de las baterías de los vehículos, las infraestructuras necesarias y la imprescindible uniformización de estándares internacionales necesarios.

También resulta “sorprendente”, según la patronal, “que se obligue a las estaciones de servicio, a las que en el Anteproyecto de Ley se les impone prácticamente 'fecha de caducidad', a instalar puntos de recarga eléctricos cuando su actividad puede ser no rentable abocando a un buen número de ellas al cierre si se cumpliera lo establecido en el Anteproyecto”.

Por otro lado, Aega declara que el vehículo eléctrico, con la tecnología y cambios que conlleva, ha venido para quedarse y seguir desarrollándose, “pero no podemos obviar que el número de matriculaciones de turismos es ínfimo (0,36%) respecto del total”. Aunque ese cambio se irá acelerando, el parque español de turismos supera los 23 millones de unidades, de los que el 61,8% (más de 14 millones) tienen diez o más años de antigüedad (12,5 años de media en España, frente a los ocho de Alemania).

Los 14 millones de vehículos de más de diez años en España son los responsables de más del 80% de las emisiones contaminantes que se quieren combatir. Desde el momento en que la matriculación de vehículos diésel ha comenzado a descender, el nivel de CO2 ha aumentado

Según la patronal guipuzcoana, “parecería lógico que, si de verdad se quiere reducir la contaminación proveniente de los vehículos automóviles (no olvidemos la procedente de la industria o del sector del transporte de mercancías y viajeros), se apueste claramente por la modernización del parque y por planes que, de manera eficaz, ayuden a los consumidores a cambiar de vehículo y sustituir los vehículos de más de diez años por vehículos modernos, con independencia del carburante que utilicen para poder moverse”.

Esto significa, en opinión de Aega, que “debe establecerse un plan concreto de ayudas importantes dirigido al empresariado y a los consumidores finales para que, efectivamente, se puedan renovar los vehículos de mayor antigüedad por vehículos nuevos o más modernos, ayudas que necesariamente habrán de ser superiores a las de los antiguos planes Prever si de verdad se quiere apostar por esa renovación, que es lo realmente necesario”.

Está bien que se genere el necesario debate social pero con calma, sin declaraciones exageradas que a nada llevan salvo a generar confusión, deterioro económico y angustia a muchas personas

Por último, Aega considera que se debe tener en cuenta de cara al futuro “la libertad de elección del consumidor, manteniendo un mix energético que priorice las energías limpias o menos contaminantes, pero que, al mismo tiempo, otorgue seguridad y libertad al consumidor y a la empresa”. España es el octavo país fabricante de vehículos del mundo, industria de la que dependen directamente más de 500.000 puestos de trabajo entre fabricantes de vehículos, fabricantes de componentes y accesorios, refino y operadores petrolíferos, concesionarios, servicios oficiales, talleres de reparación, distribuidores de recambios y accesorios, estaciones de servicio y centros autorizados de tratamiento (desguaces).

La independencia energética que supuestamente se quiere alcanzar no parece real, puesto que el petróleo y sus derivados seguirán siendo necesarios para la industria y el transporte, a la que se añadiría una nueva dependencia energética, esta vez de países asiáticos, básicamente de China, máximo productor de baterías de coches eléctricos”.