La Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles (AMDA) mantuvo una reunión con la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, para solicitar que no cesen las actuaciones frente a los vendedores ilegales de vehículos usados.

Los representantes de la asociación (Elisa Gil, Enrique Seligrat, Juan José Velasco y Manuel Castro) pusieron de manifiesto que esta venta de vehículos es una competencia desleal frente aquellos que sí pagan impuestos por su actividad económica.

La venta en la calle de coches de segunda mano incumple varias normas fiscales: no pagan impuestos por la actividad, rompe la prohibición de pagos en efectivo, no ofrece ninguna garantía al comprador por el vehículo adquirido y la falta de supervisión también afecta a la seguridad vial.

Se trata, en este sentido, de una actividad fuera de toda normativa que se está viendo favorecida por la crisis económica y que desvirtúa la percepción del comprador con menor poder adquisitivo.

También se trató la necesidad de una mayor colaboración para la detección de los talleres de reparaciones que ejercen de manera ilegal su actividad. Estos centros irregulares generan un impacto negativo a los establecimientos que sí ejercen su actividad de forma legal. Además, suponen una agresión al medio ambiente, ya que la gestión eficiente de los residuos que producen no está garantizada.

La delegación del gobierno, asimismo, ofreció toda su ayuda e interlocución para el desarrollo de aquellas líneas de diálogo que necesite AMDA con las diferentes administraciones de la Comunidad de Madrid, tanto autonómicas como locales.