Asetra ha informado a los talleres asociados ubicados en los municipios afectados sobre el contenido de los protocolos por episodios de alta contaminación que Coslada y Rivas-Vaciamadrid van a implementar en breve, siguiendo los pasos del Ayuntamiento de Madrid, referencia para todos ellos.

Alcobendas es la segunda ciudad de la Comunidad, después de Madrid, que dispone ya de protocolo vigente. Las restantes todavía se encuentran en fase de preparación; de hecho, en los casos de Móstoles y Ricas Vaciamadrid, la propia Asetra ha presentado escrito solicitando que se tengan en cuenta las necesidades de acceso a los talleres en determinados casos contemplados en su protocolo.

En general, los Ayuntamientos parten de los distintos medioambientales de la DGT como referencia para determinar límites en el aparcamiento y, en algún caso, también en la circulación.

Desde la asociación madrileña recuerdan que el 23 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial Autonómico el Protocolo Marco de Actuación durante episodios de alta contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid (Decreto 140/2017, de 21 de noviembre), documento marco que establece que los municipios con más de 75.000 habitantes deben elaborar su propio protocolo de actuación en el plazo de un año a partir de la publicación del texto de referencia.

El protocolo divide a la región en siete zonas y establece tres niveles de actuación: información y preaviso, aviso y alerta. El nivel de “Información y Preaviso” se produce cuando en dos estaciones de una misma zona registren más de 180 microgramos por metro cúbico de NO2 durante dos horas consecutivas, y se pasa al siguiente nivel “Aviso” cuando en dos estaciones de una misma zona registren más de 200 microgramos por metro cúbico de NO2. Se llega al nivel de “Alerta” cuando en una sola estación se registren más de 400 microgramos por metro cúbico de NO2 durante tres horas consecutivas.

Asetra sigue muy de cerca las actuaciones que van desarrollando los municipios con dicha obligación. “Entendemos que el respeto al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos puede y debe ser compatible con la actividad económica de empresas que no sólo prestan servicios a esos mismos ciudadanos, sino que también contribuyen a una mejora de la sociedad con la generación de puestos de trabajo y de aportaciones económicas e impuestos derivados de su propia actividad”.