Una de cada tres empresas españolas ha sufrido impagos significativos en los últimos doce meses. Ésta es una de las principales conclusiones del 'Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España', elaborado por el Observatorio de Cash Management que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School.

 

Los niveles de impacto de la morosidad en la actividad económica son sensiblemente superiores a los que soportaba el tejido empresarial antes de la crisis, aunque se encuentran ya lejos del máximo histórico alcanzado en este estudio en 2012, cuando dos de cada tres empresas sufría impagos significativos, tras tres ejercicios de saneamiento de las carteras de clientes.

Sin embargo, esta evolución podría dar un giro en 2015, en un entorno empresarial focalizado en la búsqueda de nuevos clientes nacionales e internacionales pese a las dificultades de acceso a la financiación bancaria. En un contexto en el que las empresas centran sus esfuerzos en volver a crecer corremos el riesgo de olvidar las lecciones del pasado.

El 98% de las empresas vende a crédito a otras empresas. La compleja y tupida red de relaciones comerciales que generan estos intercambios multiplica la viralidad de la transmisión de los problemas de morosidad e insolvencia entre empresas. El estudio sitúa en cerca de 65.000 empresas el tejido empresarial en riesgo extremo de supervivencia, ya que soporta tasas de impago superiores al 10%.

El comportamiento en pagos de la Administración con las empresas también forma parte del problema: la mitad de las empresas que trabajan para el sector público no percibe ninguna mejora en sus plazos de cobro y todavía el 9% soporta tasas de impago que suponen un riesgo extremo para su supervivencia.

De acuerdo con el informe, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, el 56% del tejido empresarial trabajó en 2014 con plazos de cobro superiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad para el B2B.

Lo que es más significativo es que, de cara a 2015, sin fuentes alternativas de liquidez, el tejido empresarial no prevé ninguna mejoría de estos plazos. La principal razón esgrimida para explicar este incumplimiento entre empresas es la falta de disponibilidad de fondos.

El estudio refleja una flexibilidad creciente de los plazos de cobro, como parte de la relación comercial. El 42% de las empresas, el máximo de la serie histórica, permite a sus clientes retrasos en pagos superiores a los 90 días antes de considerar un crédito moroso e iniciar acciones de recobro.

Una mayoría de las empresas se muestra favorable a desarrollar un reglamento que sancione el incumplimiento de los plazos de pago, aunque muy pocas hacen uso de los elementos que ya tienen a su alcance. Sólo el 8% de las firmas reclama su derecho automático al cobro de intereses de demora, que se fijan semestralmente y suponen ocho puntos adicionales a la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo.