El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea, para su conocimiento y preceptivo informe, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 224/2008 sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

El texto, que cuelga de la web comunitaria desde el pasado 26 de mayo, incorpora algunas novedades respecto del texto sometido a información pública el pasado verano de 2013 por el Ministerio de Industria.

Las novedades más significativas se refieren a que la acreditación del centro de inspección - que será realizada sólo por la Entidad Nacional de Acreditación y obligatoria para toda estación de ITV "antes del inicio de la actividad" - debe mantenerse en todo momento y justificarse anualmente.

Por otro lado, en el preámbulo de la norma, el Gobierno justifica la razón para suprimir las actuales incompatibilidades existentes para la realización de esta actividad inspectora en aras de "la liberalización de dicha actividad sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas" en materia de industria.

De esta forma, el proyecto de Real Decreto mantiene en su artículo único la supresión de todas las incompatibilidades hasta ahora existentes para la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos, que contempla el vigente Real Decreto de 2008.

Esta pretensión del Gobierno ya fue rechazada por AECA-ITV y numerosas asociaciones profesiones ligadas al automóvil, así como por las Comunidades Autónomas.

En este sentido, la supresión total de incompatibilidades para la prestación de este servicio público y de interés general llevaría al sector a una desregulación que haría imposible garantizar el rigor de las inspecciones y el derecho de los usuarios a una inspección imparcial.

Asimismo, permitiría que grandes empresas de transporte escolar, de viajeros y mercancías peligrosas, entre otras, construyeran y gestionasen sus propias estaciones de ITV para inspeccionar sus propios vehículos. Obviamente, todo ello perjudicaría a la Seguridad Vial, al Medio Ambiente y a los usuarios.

No obstante, el aspecto más llamativo del texto remitido a Bruselas es que no tiene en cuenta la nueva Directiva 2014/45/UE relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos recientemente aprobada por las instituciones comunitarias, en la que se establece la obligatoriedad tanto para los centros de inspección como para los inspectores que realizan la inspección de ser objetivos, imparciales e independientes y, en consecuencia, no tener ningún conflicto de interés.

En concreto, en sus artículos 12.2 y 13.4, se establece, de forma imperativa, que los centros e inspectores de ITV "no tendrán ningún conflicto de interés", de tal forma que el Gobierno "se asegure de que se mantiene un elevado nivel de imparcialidad y objetividad".