La crisis está alentando la proliferación de talleres clandestinos, donde el bajo precio se impone sobre el rigor y la calidad de las reparaciones, reduciendo la seguridad vial y generando al sector de la posventa unas pérdidas anuales de más de 1.000 millones de euros, según datos la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).
Durante el pasado año, alrededor de un 17 % de las operaciones de reparación y mantenimiento se llevaron a cabo por pseudoprofesionales que actúan al margen de las reglas del mercado, desatendiendo los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo para realizar esta actividad, incumpliendo con Hacienda y pasando por alto las normativas medioambiental, de trabajo y seguridad social, entre otros requisitos.
Ganvam considera necesario llevar a cabo una reestructuración a fondo del sector, lo cual pasa, en primer lugar, por obtener una fotografía real de la actividad de la posventa en España.
Según la asociación, el punto de partida debe ser la creación de un registro oficial de talleres que permita conocer a ciencia cierta el número de centros actuales de reparación, ya que aunque las cifras hablan de 45.000, lo cierto es que no existe un registro fiable que lo corrobore. Esta medida permitiría inventariar los talleres que cumplen con sus obligaciones legales y fiscales, contribuyendo a la localización y cierre de aquellos que actúan en competencia desleal.
La confluencia en el tiempo de la crisis económica - que ha reducido las matriculaciones en un 60 % desde su comienzo - y la creciente antigüedad del parque de vehículos - donde cerca de un 50 % supera los diez años, lo que se traduce en menos pasos por el taller -, dibuja una caída de la actividad en el área de reparación y recambios cercana al 20 % en los últimos cinco años, casi la mitad sólo en 2012.
Ante esta situación, Ganvam defiende la puesta en marcha de un plan integral de apoyo a la posventa que contribuya no sólo a conseguir un redimensionamiento certero del sector sino también a aumentar su rentabilidad.
Entre las medidas propuestas, la asociación defiende intensificar los controles de los servicios de inspección de industria, consumo, hacienda y medio ambiente, cuatro áreas que ayuntamientos y comunidades autónomas deberían también dirigir a los talleres ilegales o clandestinos.
"Los talleres legalmente establecidos soportan con rigor estos controles al tiempo que asisten con frustración a la impunidad de los que actúan al margen de la ley", afirma su presidente, Juan Antonio Sánchez Torres.
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