La Audiencia Nacional ha aceptado tramitar el aviso de recurso contencioso administrativo que el Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona ha presentado contra la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia y del Mercado (CNCyM) de archivar la denuncia del Gremio y la Unió de Consumidors de Catalunya UCC.

 

La polémica reside en el acuerdo tomado entre las compañías de seguro de Unespa para calificar como siniestro total e indemnizar a los perjudicados en un accidente de circulación, solo con el valor venal y no con el valor de reposición, como así establece la propia Dirección General de Seguros y la más alta jurisprudencia del TS y Audiencias.

La Comisión ha de poner a disposición del Gremio los más de 400 folios de información que Unespa ha aportado en su defensa, pero no consta que haya investigado a ninguna aseguradora de las que con ese acuerdo fomentan el desguace del vehículo accidentado sin culpa a través de sus peritos, valorando erróneamente a la baja el importe de la indemnización a que tiene derecho ese perjudicado, limitándola de forma injusta al valor venal impropio del vehículo que no permite ni la compra de un vehículo similar ni una reparación de calidad.

Las consecuencias de este acuerdo limitan el derecho a indemnización de los usuarios, y afectan a los talleres al tratar de excluir, por desguace, una parte del mercado natural de reparación (quizá más de 80.000 casos al año en toda España) y su correspondiente recambio.

La CNCyM dictará resolución para que los interesados en el procedimiento puedan ser parte del recurso presentado contra su resolución de archivo de la denuncia.

El Gremio de Talleres de Barcelona y la Unió de Consumidors de Catalunya confían en la sensibilidad de las aseguradoras que gestionan el seguro obligatorio de vehículos a motor para asumir con rigor su función de responsabilidad como garantes de las indemnizaciones que merecen los usuarios que han recibido sin culpa daños, y abandonen esas prácticas que eluden el pago de quizá más de 60 millones de euros anuales a dichos usuarios.