La Justicia ha vuelto reconocer el derecho de los concesionarios de automoción al cobro de las subvenciones a la adquisición de vehículos contempladas en el Plan 2000E y que adelantaron en su momento a los compradores.

Tras la primera sentencia firme de mayo de 2012, en Cantabria, el pasado 7 de febrero el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº3 de Vitoria-Gasteiz estimaba de nuevo la demanda interpuesta por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) contra la resolución del consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno del País Vasco, en la que no admitía la deuda pendiente con los concesionarios vascos, y condenaba a la comunidad autónoma a pagar los 4.000 euros, más los intereses legales, que los puntos de venta adelantaron a sus clientes.
"Se ha vuelto a hacer justicia, reconociendo además que la gestión del Plan 2000E fue muy perjudicial para muchas pymes concesionarias, que adelantaron un dinero a los compradores que luego las Administraciones no reconocieron como deuda. Esperamos que, poco a poco, se vayan conociendo nuevas sentencias a favor de los concesionarios, de tal modo que cobren la totalidad de los 6,8 millones que estamos reclamando", ha dicho el presidente de Faconauto, Jaume Roura.
La patronal de los concesionarios recuerda que el Plan 2000 E fue concebido como una subvención que las Administraciones Públicas (Ministerio de Industria y comunidades autónomas) otorgaban al comprador de un vehículo. A los concesionarios se les exigía legalmente adelantar el importe de la subvención a los compradores, como mandatarios de la Administración, que luego debían recuperar de ésta grabando los expedientes en el sistema informático de la entidad colaboradora FITSA, por lo que las operaciones que no se registraron se tenían por no presentadas y el concesionario perdía la subvención.
Los puntos de venta empezaron a adelantar las subvenciones el 8 de enero de 2010, pero no pudieron grabarlas hasta el 25 de marzo de ese año. Para esa fecha, las subvenciones habían superado con creces el 100% del presupuesto de varias comunidades autónomas y el 75% de las del Estado, por lo que, cuando se abrió el sistema para grabar las operaciones, éste apenas estuvo abierto unas horas para los expedientes de las comunidades autónomas y cinco días para las del Estado por haberse llegado al cupo máximo. Como consecuencia de ello, muchos concesionarios no pudieron grabar las operaciones, por lo que el Estado o la comunidad autónoma correspondiente negaron el reembolso.
Faconauto ha reclamado un total de 13.981 operaciones, por 6,8 millones de euros, de los que cerca de 2 millones corresponden al Ministerio de Industria y 4,8 a las comunidades autónomas. Asimismo, la patronal estima que esta cifra es únicamente un tercio del total, ya que muchos concesionarios decidieron no reclamar judicialmente.