Se acabaron las notificaciones de la Administración Pública por correo postal para las sociedades de cualquier naturaleza (S.A., S.L., Asociaciones, etc.). Todas ellas están obligadas a relacionarse con la Administración Pública por vía telemática, informan desde la Asociación CIRA en su último post.

La ley que establece esta obligación es de 2016, pero su aplicación sufrió retrasos hasta llegar finalmente al 2 de abril de este 2021. Esta norma ya vigente implica que las notificaciones de cualquier organismo perteneciente a la Administración Pública (estatal, autonómica o local) a las empresas se hará por medios electrónicos. Para esto, es necesario:

  • Disponer de un Certificado Digital de Representación de la Sociedad.
  • Darse de alta en los diferentes servicios de notificación electrónica de las distintas administraciones con las que puedan tener relación.
  • Controlar periódicamente las distintas sedes electrónicas de las Administraciones Públicas para descargar las notificaciones que se hayan podido emitir.

Las notificaciones electrónicas se entenderán producidas en el momento del acceso al contenido del acto notificado, o bien, si este acceso no se efectúa, por el transcurso del plazo de 10 días naturales desde su puesta a disposición sin que haya accedido a las misma.

Pero, ¿qué pasa si no se accede a una notificación o bien se rechaza? Según informan desde CIRA, el artículo 59 de la Ley 30/1992 (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) indica qué sucede en caso de que no se acceda o se rechace una notificación:

Cuando el interesado o su representante, no se ha dado de alta, no abra o rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

Es decir, no acceder o rechazar una notificación no paraliza el procedimiento administrativo ni proporciona ninguna ventaja al notificado. Se considera que el destinatario de la notificación ha sido debidamente informado aunque no acceda a la notificación.

Por tanto, no recibir una notificación supone un perjuicio porque se desconoce el contenido de la notificación y no se puede interponer un recurso contra el mismo. De hecho, el cómputo de plazos definido en la normativa afecta, entre otros aspectos, al plazo disponible para interponer recursos o rechazar las pretensiones de las notificaciones.