El Consejo de Ministros, en su reunión del 26 de enero, acaba de ratificar el acuerdo que el pasado día 19 firmaron el Ministerio de Seguridad Social y las principales asociaciones de autónomos (Ata, Upta y Uatae) para ampliar hasta el 31 de mayo las prestaciones puestas en marcha en relación a este colectivo como consecuencia de la pandemia.

CIRA informa en su página web que se trata de un acuerdo que prorroga las ayudas vigentes pero con algunas modificaciones. La prestación extraordinaria por suspensión de actividad se dirige a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución administrativa previa relacionada con el Covid-19.

Las condiciones económicas de la prestación son las siguientes:

  • La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización. Esta cantidad se incrementa un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa.
  • El autónomo queda exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado.
  • Es compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.
  • Pueden solicitarla aquellos trabajadores cuya facturación en el primer semestre de 2021 caiga el 50% (antes era el 75%), frente al segundo semestre de 2019.

En el caso de que no se cumplan los requisitos para esta prestación ni para el cese ordinario, se puede solicitar una ayuda extraordinaria. La cuantía de la prestación en ese caso es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado. Para este caso, el límite de ingresos en el primer semestre es 1,2 veces el SMI.

Cabe destacar también que se mantiene la prestación para autónomos de temporada con el 70% de la base mínima y siempre que no se tengan ingresos superiores a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.

Además, y hasta el 31 de mayo del 2021, se suspende la subida progresiva de los tipos de contingencias profesionales y de cese (del 0,3%), previstas en el Real Decreto-ley 28/2018.