El 81% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes. El mejor comportamiento se registra en el sector público y el peor en la gran empresa, aunque en ambos casos la tendencia de 2018 es a mejorar su comportamiento, mientras que tanto el segmento pymes como los autónomos registran un claro empeoramiento. Los datos forman parte del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School.

Sólo el 8% de las empresas que tiene relaciones comerciales con la Administración tiene que aceptar una extensión de los plazos de pago (en 2017 eran el 12%). En el otro extremo está la gran empresa, que impone plazos de pago al 51% de sus proveedores (2017, 53%). La capacidad de las pymes para imponer plazos de pago afecta al 46% de sus proveedores (2018, 42%). El mayor empeoramiento, de cinco puntos, se registra en el segmento de autónomos, que imponen plazos de pago superiores a los que desean al 17% de las empresas (2017, 12%).

Según el Estudio, sólo el 41% de las empresas trabaja con plazos inferiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. El porcentaje de empresas que trabaja por encima de los 90 días se mantiene estable desde hace tres anualidades en el 14%.

En cuanto a las razones, el retraso intencionado del cliente y la falta de disponibilidad de fondos, querer pagar y poder pagar son mencionados con idéntica intensidad (53%). Sin embargo, mientras la importancia del retraso intencionado se mantiene estable frente a 2017, la falta de disponibilidad de fondos, que había registrado una notable mejoría desde 2014, registra un ligero incremento frente al valor del pasado año (51%).