La Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa) se ha vuelto a dirigir a la Secretaria de Estado de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto, para recordarle la necesidad de regulación de los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos realizados fuera de los talleres.
Esta nueva llamada se produce seis meses después que la Vicepresidencia de Gobierno remitiese el estudio del asunto al Ministerio de Industria y la federación de asociaciones de talleres hiciera llegar a la misma institución un informe con sus puntos de vista y copia de los documentos intercambiados durante 2015.
En este lapso, Conepa no ha recibido respuesta de Industria y sí frecuentes llamadas de otras instituciones públicas y privadas preocupadas por la situación e interesadas en la regulación de la actividad.
“A todas ellas les hemos pedido que se dirijan de manera directa a la Administración competente, la encargada de estudiar un marco jurídico adecuado”, señala Víctor Rivera, secretario general de Conepa, quien recuerda el posicionamiento de la entidad al respecto, pues “bajo nuestro punto de vista, la situación de los talleres móviles debería ser afrontada en el marco legal general de los talleres de reparación (Reales Decretos 1457/86 y 455/2010)”.
Alertada por el crecimiento de oferta de servicios de taller a domicilio con el apoyo de vehículos (para el traslado de herramientas y piezas), Conepa manifestó su inquietud en su día ante el Ministerio de Industria.
En base a un informe específico de la Abogacía General del Estado, el Ministerio concluyó que los conocidos popularmente como “talleres móviles” no están afectados por el marco normativo del sector reparador español. Ante la supuesta y peligrosa “alegalidad”, la patronal urgió que se diera respuesta a, a su juicio, una clara manifestación de competencia desleal para las empresas del sector.
Valorando también las repercusiones de la actividad en el medio ambiente, en las relaciones con el consumidor, e incluso en el encuadre de su actividad económica, Conepa recurrió en enero de 2015 a la vicepresidenta del Gobierno para solicitar la coordinación de todas las administraciones implicadas en la regulación de la actividad. Tras varios intercambios de información, Soraya Sáenz de Santamaría consideró que Industria debía liderar el estudio de la regulación.
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