Los miembros del consorcio del proyecto Cirve (Corredores Ibéricos de Infraestructura de recarga rápida de Vehículos Eléctricos) han firmado un acuerdo en Madrid que permitirá la interoperabilidad de los 40 cargadores rápidos que están dentro de esta iniciativa y que, a partir de 2019, estarán ya operativos a lo largo de corredores que conectarán España con el resto de países europeos.

La iniciativa se puso en marcha el año pasado de la mano de EDP, Endesa, GIC, Iberdrola e Ibil, como gestores de carga que implementarán la infraestructura, junto con la Asociación Española de Desarrollo e Impulso del Vehículo eléctrico (Aedive), Renault Group y el Centro para la Excelencia e Innovación de Portugal (Ceiia). Cuenta con el apoyo de los Ministerios españoles de Fomento y de Economía, Industria y Competitividad, y está cofinanciado por la Unión Europea a través de la convocatoria de 2015 del Connecting Europe Facility (CEF).

Por un lado, el despliegue de la infraestructura de recarga, en carreteras y estaciones de servicio permitirá a los usuarios de vehículos eléctricos realizar viajes de mayor recorrido, algo clave para el despliegue masivo del coche eléctrico en nuestro país. Y, por otro, la interoperabilidad facilitará el uso de ésta, ya que permitirá a cualquier usuario recargar y pagar en cualquier punto de recarga público de forma fácil y sencilla, con independencia de quién lo esté operando.

El proyecto se desarrollará hasta finales de 2020 y sus 40 puntos de recarga formarán parte de la red Transeuropea de Transporte (TEN-T), un conjunto planificado de redes prioritarias de transporte pensadas para facilitar la comunicación de personas y mercancías a lo largo de toda la Unión Europea. Las ubicaciones específicas donde se van a instalar los puntos de carga se están seleccionado en función de los requisitos de este programa TEN-T.

Cirve contempla ubicar 25 nuevos puntos de recarga rápida en España y adaptar otros 15 puntos que ya están en funcionamiento en determinadas localizaciones estratégicas de los corredores ibéricos. La iniciativa conlleva una inversión de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de más cuatro de años.