La Asociación Española de la Carretera (AEC) reunió el pasado viernes a representantes de las cuatro fuerzas políticas con posibilidades, tras las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, de acceder al Gobierno de España. Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Podemos escenificaron en Madrid su acuerdo de seguir reduciendo las tasas de siniestralidad iniciada la década pasada. Pero poco más.

 

Ése fue en la práctica el único punto de consenso. Mientras que los representantes del PP, Andrés J. Ayala ??"portavoz en la Comisión de Fomento del Congreso??" y de Ciudadanos ??"Juan Rubio ??"portavoz de Infraestructuras en la Asamblea de Madrid??", en sintonía con el anfitrión del acto, Juan Lazcano ??"presidente de la AEC??", apoyaron la idea de que más y mejores carreteras son un ingrediente básico para reducir la mortalidad en nuestras carreteras; los representantes del PSOE, Juan L. Gordo ??"portavoz en la Comisión de Fomento del Congreso??" y Laura Díaz ??"diputada encargada del área de Infraestructuras de Podemos en la Asamblea de Madrid??" señalaron que la reducción más notable de la siniestralidad en nuestro país se ha producido gracias a la aplicación de políticas como las de "tolerancia cero" con el alcohol y las drogas al volante, con el endurecimiento de las penas; los controles efectivos del exceso de velocidad o la implantación del carné por puntos.

La representante de Podemos desgranó en su intervención la "ruta del cambio" que necesitan las carreteras españolas después de la "aplicación durante décadas de políticas neoliberales" y del PEIT ??"Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte??" desde 2005. Según Díaz, la "construcción irresponsable y el abandono en mantenimiento han dejado un panorama desolador" en nuestras carreteras. Abogó asimismo por la implantación de las técnicas de evaluación y dimensionamiento de infraestructuras que se utilizan en Europa, así como de auditorías para evitar la construcción de autopistas y autovías que después se infrautilizan. Laura Díaz defendió también la aplicación de tasas por el uso de determinadas infraestructuras, así como el impulso del transporte colectivo y de mercancías por tren "siempre con el foco en la gente y la sostenibilidad, en lugar del beneficio de unos pocos".

Juan Rubio, representante de Ciudadanos, se mostró significativamente menos crítico con la labor de los gobiernos anteriores, aunque se preguntó retóricamente por qué los trenes no llegan a los puertos y por qué hay tantos aeropuertos en España. Defendió la idea de una política de infraestructuras dentro de un marco global de movilidad, donde también se incluya el mantenimiento porque, afirmó: "antes de seguir construyendo, hay que mantener lo que tenemos". Rubio reconoció que es imposible plantearse un escenario de "cero accidentes", pero sí aproximarse insertando las políticas de seguridad vial en el marco global de la movilidad, y lanzó la idea de "acordar con las compañías de seguros que la cuantía de las primas esté relacionada con el comportamiento vial del conductor". El representante de Ciudadanos rechazó de plano la implantación de tasas por el uso de infraestructuras "que ya hemos pagado todos los españoles" y mostró su decidido apoyo ??"en sintonía con el Partido Popular??", a que los ciudadanos tengan "libertad" para elegir el modo de trasporte: público o privado.

Sin entrar en esta polémica diatriba entre lo público y lo privado, Juan Luis Gordo ??"PSOE??" abogó por luchar contra la congestión de las infraestructura mediante la aplicación de políticas disuasorias del uso del transporte privado (aparcamientos a la entrada de las ciudades), carriles bus-VAO, coches compartidos, asignación dinámica de carriles, sistemas de interacción inteligente entre automóviles y, en definitiva, todo lo que las nuevas tecnologías puedan aportar en este campo. Sobre la financiación, Gordo señaló la necesidad de crear un marco estable para el mantenimiento, donde tengan cabida fórmulas de colaboración público-privada y la "aplicación de cánones por el uso de determinados servicios", así como la realización de auditorías previas a la construcción para garantizar su utilidad y sostenibilidad.

Por último, el representante del PP ??"Andrés José Ayala??" recordó en su intervención la situación de "quiebra" del ministerio de Fomento con la que se encontraron al llegar al Gobierno, así como "las facturas sin pagar guardadas en los cajones", para justificar el parón en licitaciones de nuevas infraestructuras y el desplome en las inversiones para mantenimiento. Calificó de "responsable" y "transparente" la actuación de su partido en el área de infraestructuras, gracias a lo cual afirmó que "están sentadas las bases para próxima legislatura". Ayala aseguró también que su Gobierno ha conseguido "hacer más con menos" y recordó los más de 1.000 millones de euros que se destinarán a mantenimiento de carreteras en los presupuestos de 2016, así como la puesta en marcha de las primeras obras de conexión entre ferrocarril y puertos, además de abogar por auditorias en todos los pasos de la creación de infraestructuras "para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en Madrid con las carreteras radiales de peaje".

Como era de esperar, estas afirmaciones fueron ampliamente contestadas por los representantes del resto de partidos políticos. Laura Díaz (Podemos) criticó el análisis del PP en el que "todo está bien" mientras España está a punto de superar los límites de emisiones contaminantes, y abogó por una mayor transparencia y la participación ciudadana en la concesión de obras, en alusión al problema de las radiales madrileñas. En esta línea, Juan Rubio (Ciudadanos), señaló que el riesgo en las fórmulas de colaboración público-privada debería asumirlo la empresa que obtendrá los beneficios. Por su parte, Juan Luis Gordo (PSOE) tildó de "testimonial" el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda elaborado por el Partido Popular "sin siquiera el consenso del sector", así como de "electoralistas" las últimas licitaciones para mantenimiento.