El RACE reclama medidas que no restrinjan la movilidad
El previsible aumento del uso de los vehículos de movilidad personal, en detrimento del transporte público, debería ir acompañado de un plan específico para evitar un incremento de la siniestralidad.
Desde el 4 de mayo, fecha en la que comenzó la Fase 0, muchos ayuntamientos de España, siguiendo las indicaciones horarias del Gobierno, han adoptado medidas que están favoreciendo que los españoles puedan salir a pasear o a hacer deporte. Este aumento de los usuarios, y el respeto a la distancia mínima recomendada, está obligando a regular de forma excepcional el espacio público, aprovechando los bajos índices de tráfico.
Pero cuando se recupere la normalidad y la movilidad previa al confinamiento, algunos expertos apuntan a que se producirá un aumento del número de usuarios de vehículos de movilidad personal. Según el RACE, esta previsión exigiría, por un lado, disponer de una regulación que establezca los criterios de uso y de circulación por la calzada, incluyendo las medidas necesarias de seguridad y, por otra parte, supondría un perjuicio para aquellos usuarios que utilizan las aceras.
Además, y tal y como reflejan los resultados del Observatorio RACE de Conductores, un 20% de los conductores que utilizaba transporte público cambiará al transporte privado, en muchos casos por necesidades médicas (evitar los contagios) o laborales. También uno de cada cuatro conductores que iba caminando al trabajo usará de ahora en adelante su vehículo privado.
Por su parte, las autoridades españolas han recomendado el uso del transporte individual como método más efectivo para evitar dichos contagios. “Por este motivo, se deben tener en cuenta todas las opciones de desplazamiento, incluido el vehículo privado, evitando restricciones a la movilidad como las planteadas por ayuntamientos que proponen el cierre de vías prioritarias, o reducir los carriles de circulación para otras actividades”. Desde el RACE proponen una serie de medidas de cara a la movilidad post Covid-19:
Ayudas a la renovación del parque automovilístico. Por un lado, para ayudar a un sector que aporta un 10% al PIB de este país y que, tras el parón de la pandemia, necesita una reactivación urgente. Por otro, y debido a la inactividad generalizada, ha mejorado el medio ambiente en las ciudades, algo en lo que podría colaborar un parque móvil más moderno y eficiente. Esta mejora del parque también ayudaría a una mejora de la seguridad vial.
Inversión en infraestructuras. Se corre el riesgo, ya sufrido durante crisis económicas anteriores, de ver cómo se paraliza la construcción de nuevas infraestructuras viales con partidas presupuestarias insuficientes.
Mejorar la formación vial, sobre todo para los usuarios de nuevas modalidades de transporte, promoviendo el uso del casco, los elementos reflectantes, la velocidad, el uso de las vías,... Se debe ir avanzando en una normativa nacional sobre los nuevos vehículos de movilidad en las ciudades, pues ello redundaría, entre otras cosas, en una mejora de la convivencia vial. Esta normativa debería incluir los derechos de los que gozan actualmente junto con las obligaciones que deben tener, correspondientes al uso de la calzada.
Incentivar el acceso a los equipamientos de protección que pueden verse afectados ante la crisis económica, reduciendo los tipos impositivos al mínimo para elementos como las sillas infantiles o los cascos, y promover el mantenimiento de los vehículos para no sumar elementos de riesgo por falta de seguridad en el vehículo, como el estado de los neumáticos.
La movilidad es clave en la sociedad moderna. Apostar por una movilidad en la que, con criterios de seguridad, con derechos y con obligaciones, cada usuario pueda optar por el sistema de desplazamiento que mejor se adapte a sus necesidades.
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