El secretario de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (Aesat), Víctor Yenes, reconoce que los talleres ilegales son un problema “muy serio” que sale a colación en “todas las reuniones” que convocan en la patronal, tanto a nivel provincial como nacional. “Y es muy difícil abordarlo porque tiene varias facetas”, afirma en un artículo de El Norte de Castilla.

En cuanto al número de talleres pirata, Víctor Yenes calcula que “en Salamanca, al igual que en España, alrededor de un 20% de los talleres establecidos son clandestinos. En Salamanca, dado que muchos centros de reparación están en pequeños pueblos de la provincia y se dedican a la maquinaria agrícola, calculamos que habrá unos 300 en toda la provincia. Si aplicamos ese 20%, habrá en torno a unos 60 ilegales”.

Yenes explica que estos negocios son “un fraude múltiple”. Por un lado, afectan al consumidor porque no hay facturas ni garantías sobre las reparaciones, con el riesgo que ello conlleva para el vehículo y la seguridad vial. Y si las reparaciones fallan, no hay a quién reclamar. Además, “son un fraude a la Seguridad Social porque no suelen estar dados de alta” y, como no cotizan en ninguna parte, “también son un fraude para la Agencia Tributaria”.

Según el secretario de Aesat, estos negocios “no gestionan los residuos de forma adecuada para el medio ambiente. No sabemos qué hacen con los aceites, los neumáticos, los plásticos,...”, a lo que se une que tampoco cumplen con la normativa laboral ni de prevención de riesgos laborales.

“Hay tantas administraciones implicadas que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Las asociaciones pedimos más coordinación de los Ayuntamientos, el Seprona, la Seguridad Social, Hacienda,... Cada uno con sus armas contra estas prácticas”, opina el responsable, quien aclara que las administraciones están tan preocupadas como los empresarios con los talleres ilegales. “Perciben el problema igual que nosotros” y saben que hay que “atajar” esta cuestión, “pero hacen falta más medios de la Administración para luchar contra ellos”.

Las ITV, por ejemplo, tienen un resquicio legal que, según Aesat, habría que cerrar. Sería un primer paso contra los talleres pirata. La ley dice que un coche rechazado en una ITV debe presentar un documento que certifique que ya está reparado para poder volver a presentarse. Dicho documento puede ser una factura de un taller “o un certificado del propietario diciendo que lo ha reparado él mismo”. Así está el resquicio, señala la patronal, que cree que la norma debería exigir “una factura de un taller legal”.

Además de lanzar campañas de concienciación por parte de las asociaciones de talleres, Yenes recalca que “la clave es transmitir al cliente que no se puede poner en manos de alguien no fiable un elemento como un vehículo. Es fundamental. Para luchar contra eso, la asociación pide a sus integrantes que colaboran para investigar y transmitir a las autoridades todos los datos que tengamos”.

La misma naturaleza de los talleres fraudulentos complica las cosas. “Es muy difícil denunciar y más en el ámbito rural”, pero los conductores y empresarios tienen a su disposición un arma en forma de buzón anónimo. Cetraa tiene una 'sala de denuncias' en su web en la que cualquiera puede informarles sobre la existencia de un taller ilegal. “Pero para luchar contra ellos hace falta que Aesat reciba datos de dónde están los talleres y cómo se pueden encontrar, porque si eres ilegal no te expones ni te anuncias. Suelen estar en naves industriales cerradas bajo llave, con horarios restringidos,..., y de ahí la dificultad”. Una vez que Aesat recibe un posible aviso, investiga al presunto defraudador y, si descubre visos de que es una empresa irregular, lo comunica a la Administración. Según Yenes “no es lo mismo un taller ilegal que uno legal que puede incumplir alguna normativa, como el uso del aceite usado, o que lo puede hacer mal en alguna cuestión puntual y que puede ser inspeccionado. Los ilegales sólo se inspeccionan con una denuncia y para eso hacen falta datos”.