Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional; Antonio Atiénzar, miembro del Comité Ejecutivo de Cetraa y presidente de Apetreva (Cetraa Albacete); y Ana Ávila, secretaria general de la Confederación, han celebrado una reunión que responde a la vinculación existente, en muchos casos, entre los talleres clandestinos y algunos delitos, como la manipulación del cuentakilómetros, el desmontaje y la venta de piezas y coches robados.

En esta línea, Antonio Atiénzar subraya que “llevar a cabo reuniones como ésta es fundamental para intercambiar impresiones con las diferentes fuerzas del orden, cuya labor es crucial, sobre la situación actual y adoptar decisiones de manera conjunta que contribuyan a acabar con esta lacra que tantos perjuicios ocasiona a la sociedad”.

La patronal, que abandera la lucha contra el intrusismo en el sector situándola siempre como una de sus prioridades, incide en que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir su erradicación. Por ello, subraya que las estimaciones ponen de manifiesto que aproximadamente el 20% de los talleres que operan en España es ilegal, siendo más de 9.000 los que actúan al margen de la ley.

Asimismo, la Confederación enfatiza que la existencia de talleres clandestinos origina riesgos para la seguridad vial por la dudosa calidad de las reparaciones y de los materiales y recambios utilizados, afecta al derecho del usuario a la garantía de la reparación, y pone en peligro el medioambiente al desconocerse el destino de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividad, entre otros problemas.

Además, que los talleres ilegales representan un gran foco de economía sumergida, cifrando la Confederación en más de 3.500 millones de euros las pérdidas económicas provocadas en el sector, como ya trasladaron representantes de la patronal a la Oficina Nacional de lucha Contra el Fraude a finales del año pasado.

Una de las herramientas que Cetraa ha puesto en marcha para acabar con esta lacra es la Sala de Denuncia, una sección alojada en su web en la que los ciudadanos pueden denunciar de manera anónima este tipo de prácticas irregulares. Esta plataforma ha registrado cerca de 5.500 denuncias desde su creación en 2014.