La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta sobre el aumento de bajas temporales de vehículos que se están realizando en las jefaturas provinciales de tráfico, pasando de las 60.982 bajas temporales que se tramitaron en el año 2004 y que suponían un 5% respecto al total de las bajas definitivas, a las 132.459 que se registraron en 2019 y que suponen el 50% de las mismas.

La baja temporal es un procedimiento administrativo por el cual un ciudadano puede comunicar a la DGT que va a retirar temporalmente su vehículo de la circulación, una figura prevista en la normativa pero que al no estar limitada en el tiempo, puede amparar transacciones al margen de la legalidad.

Susana Gómez, subdirectora adjunta de vehículos de la DGT, señala que hay ciudadanos que deciden retirar definitivamente su vehículo de la circulación y lo entregan, sin saberlo, a un “desguace irregular” con la confianza de que será retirado definitivamente de la circulación, cumpliendo la normativa medioambiental y de tráfico. Sin embargo, estos desguaces “irregulares” solicitan la baja temporal, evitando descontaminarlo conforme a criterios ambientales y evadiendo la obligación de darlo de baja definitiva. Posteriormente, dan un nuevo destino al vehículo o a sus piezas o lo exportan a terceros países.

Para evitar esta práctica, la DGT ha comenzado a enviar a los titulares de vehículos que han solicitado la baja temporal de su vehículo una carta al domicilio del titular, que consta en el Registro de Vehículos, para informarles de la situación administrativa en la que se encuentra el coche, así como para recordarle que, pese a la baja temporal, sigue siendo el responsable de la custodia del vehículo. Según Gómez, “con esta carta esperamos poner en alerta a aquellas personas que han podido ser engañadas, pensando que entregaron su vehículo para ser dado de baja con carácter definitivo y sin embargo, solo le realizaron una baja temporal”.

Esta medida es un paso previo a la modificación reglamentaria que se quiere realizar desde la DGT para establecer un límite temporal a dichas bajas y evitar así el inadecuado uso que se está haciendo de este trámite administrativo.

La DGT explica que esta situación no es única en España, sino que también se produce en otros países de la Unión Europea. En este sentido, la propia Comisión Europea publicó un Informe en 2018 relativo al desarrollo en estos años de la Directiva de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, en la que señala la necesidad de que los Estados adoptasen medidas “sobre los procedimientos administrativos de las bajas temporales” y “la mejora del conocimiento de la información del Registro de Vehículos”, que evitasen las situaciones en las que el vehículo no terminaba su vida útil en un Centro Autorizado de Tratamiento al final de su vida útil.

En el año 2000, el Parlamento Europeo y el Consejo publicaron la Directiva 2000/53/CE por la que se establecía por primera vez la obligatoriedad de que todos los Estados miembros llevasen a cabo un tratamiento medioambiental de los vehículos al final de su vida útil.

En España, esta obligación se hizo efectiva en 2004, de forma que, a partir de esa fecha, el titular del vehículo que decidiese retirar de la circulación su vehículo y solicitar la baja definitiva del mismo en el Registro de Vehículos debía llevarlo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos al final de su vida útil (CAT), para que dicho centro lo descontaminase conforme a criterios medioambientales. El CAT emitiría el correspondiente certificado de destrucción y descontaminación y procedería a la anotación telemática de la baja definitiva en el Registro de Vehículos.